El mandatario sostuvo hoy que las sanciones internacionales, que incluyen el bloqueo en el exterior de activos pertenecientes a su país, están impidiendo que su país ofrezca una mejor respuesta a la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19
En una intervención virtual durante la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro dijo que su país afronta más de 450 medidas punitivas que buscan “ejercer una presión desmedida y una persecución” en su contra, con el fin último de provocar un cambio de gobierno.
El Gobierno de Maduro cifra en al menos 30.000 millones de dólares los activos a los que no puede acceder por las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea y que –según el mandatario- servirían para cubrir necesidades básicas de la población.
“Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, desacatando los llamados de la comunidad internacional”, dijo Maduro al Consejo de Derechos Humanos (CDH), el foro internacional más importante en este ámbito y que se celebra desde Ginebra en formato esencialmente virtual.
La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, consideró en el pasado que las sanciones financieras contra Venezuela no son la forma más eficaz de propiciar la colaboración del gobierno de Maduro.
Una misión de investigación creada por mandato del CDH y que trabaja bajo el amparo de la Oficina de Bachelet corroboró graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo eventos que pueden representar crímenes contra la humanidad y de los que altos responsables del gobierno habrían sido cómplices.
En lugar de ello, el presidente venezolano denunció que las sanciones económicas se han incrementado y que ésta es la causa de la crisis humanitaria que padece su país y que en los últimos cinco años ha provocado un éxodo de más de 5 millones de personas.
Maduro prometió colaborar con el CDH, pero mantuvo su posición de rechazar “cualquier mecanismo inquisidor que pretenda usar la causa de los derechos humanos como herramienta política”.
Sostuvo que se trata de “provocaciones ideologizadas” que no perturbarán la colaboración que ha empezado su régimen con la Oficina de Bachelet, que por ahora se limita a la presencia de un puñado de observadores que hacen un seguimiento de la situación desde dentro del país.
No obstante, el objetivo de Bachelet es establecer una oficina en Caracas, que pueda trabajar de forma independiente y con un alcance más amplio, lo que Maduro no acepta hasta ahora.
