Durante esos dos meses y hasta el mes de junio, las compañías de gas y electricidad no podrán cortar el suministro aunque no se paguen las facturas
Los desahucios de inquilinos morosos, que en Francia están habitualmente prohibidos hasta el 31 de marzo en virtud de la llamada «tregua invernal», este año tampoco serán posibles hasta el 1 de junio para tener en cuenta las circunstancias particulares de mayor precariedad social por la crisis.
La secretaria de Estado de Vivienda, Emmanuelle Wargon, explicó este martes en una entrevista al canal BFMTV que este aplazamiento de dos meses se justifica porque «en esta situación de crisis» no se puede permitir que la amenaza de la expulsión penda sobre los arrendatarios.
No obstante, puntualizó que «las expulsiones de inquilinos no se pueden detener en Francia» porque también hay que pensar en los propietarios.
El retraso de dos meses -añadió- es para planificar la búsqueda de soluciones, y en particular de alojamientos alternativos.
Durante esos dos meses y hasta el mes de junio, las compañías de gas y electricidad no podrán cortar el suministro aunque no se paguen las facturas, como ya ocurre durante la «tregua invernal», que normalmente dura del 1 de noviembre al 31 de marzo. En 2020, ya se había prolongado tres meses más.
En paralelo a esta congelación de los desahucios, la secretaria de Estado presentó un dispositivo para mejorar la indemnización de los propietarios «para que sea más rápida y más automática».
En la actualidad, los caseros que no pueden cobrar sus mensualidades, tienen que acudir a los tribunales para conseguir una decisión de expulsión y después pueden recurrir a las prefecturas (delegaciones del Gobierno) para solicitar una compensación hasta que el Estado ponga los medios para ejecutar la expulsión.
Con ese nuevo dispositivo, será el departamento de Vivienda el que gestionará esa indemnización, y Wargon aseguró que se pondrá «más dinero».
Más allá de esta cuestión de los desahucios, insistió en que para atacar el problema hay que construir más.
Por eso, dijo que se ha marcado el «desafío» de construir 250.000 viviendas sociales en dos años con fondos del plan de recuperación económica que ha diseñado el Gobierno para salir de la crisis del coronavirus. El Estado dedicará una partida de 1.500 millones de euros.
