La Fiscalía añade que es su potestad «solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar»
La Fiscalía de Colombia pidió este viernes la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas con las que se le vinculó «no tienen la característica de delito».
«Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o participe», informó la Fiscalía en un comunicado.
La información añadió que las conclusiones «serán expuestas en diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto» y que «podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados».
La solicitud para cerrar el proceso se radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá y ahora se asignará a un juez de conocimiento que tendrá que citar a las partes a una audiencia.
La Fiscalía añade que es su potestad «solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar».
En el caso por supuesto soborno a testigos y fraude procesal, Uribe, al ser senador del Centro Democrático, tenía fuero y por lo tanto era investigado por la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó su detención domiciliaria en la cual estuvo 67 días.
Sin embargo, el expresidente renunció a su cargo en agosto de 2020 argumentando violaciones y falta de garantías procesales en la Corte, con lo que perdió su fuero de congresista.
Con la renuncia, considerada por la contraparte como una estrategia de Uribe para «evadir a la justicia» y evitar un posible juicio, el caso dio un vuelco y el expediente pasó a la Fiscalía General, donde el expresidente considera que tiene más garantías.
