Una reciente filtración de documentos, conocida como los «Boris Files«, ha puesto al ex primer ministro británico Boris Johnson bajo el escrutinio público, sugiriendo un posible conflicto de intereses entre su rol público y sus negocios privados. La información, obtenida por la organización estadounidense Distributed Denial of Secrets y publicada por el diario The Guardian, apunta a que Johnson recibió un supuesto pago de casi 300,000 euros tras reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Según los archivos filtrados, Johnson asistió a un encuentro en Caracas en febrero de 2024, acompañado de Maarten Petermann, un gestor de fondos con quien había firmado un acuerdo semanas antes. Aunque Johnson ha negado haber cobrado por la reunión, los documentos muestran que, poco después del encuentro, recibió 240,000 libras esterlinas (aproximadamente 280,000 euros) a través de Petermann, lo que levanta serias sospechas de que utilizó su influencia diplomática para favorecer intereses financieros.
Negocios en Arabia Saudí
Los documentos también revelan que Johnson ha buscado oportunidades comerciales en Arabia Saudí, promocionando los servicios de su consultora Better Earth. A través de cartas dirigidas al príncipe heredero Mohammed bin Salman, el ex primer ministro utilizó su experiencia como anfitrión de la COP26 y sus encuentros oficiales en Downing Street para posicionar a su firma en el mercado saudí.
La filtración también cuestiona el uso que Johnson le ha dado al Public Duty Costs Allowance (PDCA), una asignación anual para cubrir gastos de oficina de los ex primeros ministros. Los archivos sugieren que tres empleados pagados con estos fondos públicos también participaron en las actividades comerciales privadas de Johnson, lo que podría constituir un desvío de recursos.
Reacción política y posibles investigaciones
El Acoba, el organismo encargado de supervisar la conducta de los exministros, ha confirmado que está analizando los documentos y podría iniciar una investigación formal. Esta no sería la primera vez que Johnson es señalado por el Acoba por vulnerar las restricciones que limitan la transición de altos cargos al sector privado.
Las acusaciones han generado una fuerte reacción política. Margaret Hodge, una parlamentaria laborista, afirmó que Johnson parece «incumplir los estándares éticos» y pidió una investigación exhaustiva. Por su parte, Sarah Olney, de los Liberal Demócratas, ha solicitado la suspensión inmediata del PDCA para Johnson mientras duren las pesquisas.
