Estados Unidos sancionó este jueves a 10 personas vinculadas a una red que trasladaba millones de dólares en efectivo al grupo extremista Hezbolá mediante mensajeros que viajaban en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que la red permitía a Hezbolá obtener divisas y mover fondos «al margen del sistema financiero formal», mediante casas de cambio, empresas fantasma y cuentas bancarias.
De acuerdo con la Administración del presidente Donald Trump, el empresario turco Yunus Yilmaz dirigía la red de mensajeros, mientras que otros nueve sancionados participaban en la logística para entregar el dinero.
La medida señala a Hezbolá como un actor directamente subordinado a Irán, y el Tesoro aprovechó el reforzamiento de las medidas para recordar el «papel central» de Irán en la coordinación de operaciones y toma de decisiones políticas del grupo.
Como consecuencia de la medida, los sancionados quedan bloqueados bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones de personas y entidades estadounidenses con ellos.
Cuba
También, el gobierno norteamericano impuso sanciones a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, entre ellas el ministerio de la Construcción, como parte de su campaña de presión en busca de cambios políticos y económicos en la isla.
«Hoy, el Departamento de Estado designa a nueve entidades y a tres personas para impulsar la iniciativa integral de la Administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio», informó la institución en un comunicado.
Los mencionados son tres directivos del ya sancionado Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su director, Fernando González Llort, uno de los cinco espías de la Red Avispa condenado en EE.UU. y luego retornado a Cuba; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.
«El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos», dijo en X el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar las nuevas acciones.
El primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen latino agregó que las nueve entidades señaladas «sostienen y financian el aparato represivo del régimen» de La Habana.
Además del ministerio de la Construcción, fueron sancionadas la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial.
Completan la lista la gestora de comercio Coratur, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y Acorec, una agencia que provee personal local a las empresas extranjeras en Cuba.
«Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma. Los bancos extranjeros y otras empresas que ofrezcan servicios a estas entidades, o custodien sus fondos deben tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo», agregó Rubio, de raíces cubanas.
Las nuevas sanciones se unen a las dirigidas contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y los cargos criminales contra el exmandatario Raúl Castro, dentro de la campaña de Trump por ahogar a una Cuba ya en crisis.
