Estados Unidos mantiene bajo estrecha vigilancia a más de 30 buques petroleros sancionados que operan en aguas venezolanas, según Reuters, luego de que la Guardia Costera incautara un superpetrolero que transportaba crudo para su exportación, un hecho que reavivó la presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
La acción, anunciada el miércoles por el presidente Donald Trump, marcó la primera confiscación de un cargamento de petróleo venezolano desde la imposición de sanciones en 2019 y la primera medida conocida contra un buque asociado al país tras el reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe.
La incautación genera inquietud entre armadores, operadores y agencias navieras, muchos de los cuales evalúan si mantener o suspender sus salidas desde puertos venezolanos en los próximos días.
Expertos del sector anticipan retrasos inminentes en las exportaciones y advierten que la operación podría disuadir a empresas que, hasta ahora, habían continuado movilizando el crudo venezolano mediante una compleja red de intermediarios y embarcaciones de terceros países.
El gobierno venezolano calificó la acción como un “robo descarado” y un “acto de piratería internacional”. El buque detenido, identificado como el Skipper por una firma de gestión de riesgos, forma parte de la llamada “flota fantasma”: embarcaciones que transportan petróleo sancionado y que suelen navegar con el sistema de localización apagado u ocultando su posición.
El impacto de estas medidas se reflejaba ya el miércoles, cuando más de 80 buques, entre cargados y a la espera de cargar petróleo, permanecían en aguas venezolanas o frente a su costa, incluidos más de 30 sujetos a sanciones de Estados Unidos, según datos de TankerTrackers.com.
