Un juez federal abrió este jueves la posibilidad de declarar en desacato a la Administración de Donald Trump por deportar a más de 200 migrantes, principalmente venezolanos, a la megacárcel CECOT, en El Salvador, pese a una orden judicial que bloqueaba la medida. Durante una audiencia, el magistrado James Boasberg cuestionó la legalidad de los vuelos y sugirió que el Gobierno actuó con «mala fe» para evadir el escrutinio de los tribunales.
«Si realmente creyeran que sus acciones eran legales, no habrían acelerado los vuelos para evitar una demanda», afirmó Boasberg al interpelar al abogado del gobierno, quien defendió que las deportaciones se ajustaron a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por Trump el 14 de marzo. Esta legislación, históricamente usada en contextos bélicos, fue aplicada para expulsar a presuntos integrantes de la banda Tren de Aragua, aunque el juez la suspendió un día después.
Los aviones, sin embargo, continuaron su ruta y aterrizaron en El Salvador, donde los migrantes permanecen incomunicados en el CECOT, centro denunciado por violaciones a derechos humanos. Familiares de los detenidos aseguran que sus allegados no tienen antecedentes penales y exigen su liberación inmediata. «Están encarcelados injustamente», declaró una fuente cercana a las familias.
Boasberg también criticó que la Administración Trump «priorizó la velocidad sobre el debido proceso» al enviar a los migrantes sin verificar su vinculación con el crimen organizado, pese a que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ya había presentado una demanda. El abogado gubernamental alegó desconocer quién autorizó los vuelos, pero insistió en que se actuó «dentro del marco legal».
El caso, que revive tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial, escaló cuando Trump insinuó un juicio político contra Boasberg. Analistas constitucionales advierten que el conflicto podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en materia migratoria.
El juez pospuso su decisión final y convocó a una nueva audiencia para el próximo martes, mientras organizaciones de derechos humanos exigen acceso independiente al CECOT para verificar las condiciones de los deportados.