Integrantes de la Alianza Agrominera Mama Pancha protestaron públicamente para denunciar una serie de presuntos atropellos y persecuciones en su contra por parte del ministro de Minas, Héctor Silva. Yunices Barreto, presidenta de la organización, declaró ante los medios que desde el pasado 5 de diciembre de 2023 recibieron una alianza a través del Estado venezolano, pero que a partir de ese momento se desató una persecución institucional.
Barreto relató que el pasado 22 de septiembre vivieron un episodio intimidatorio cuando «cuerpos de seguridad armado, valga la redundancia con armas largas», se presentaron en el lugar. Según su testimonio, los funcionarios les exigieron verbalmente una paralización de sus actividades y advirtieron que, de forma automática, los mineros serían detenidos y enviados a la cárcel, tal como —afirma— ocurrió previamente con ella, sus dos hijos y otros miembros del sector.
A pesar de que el RUM constituye un trámite de carácter estrictamente gratuito -concebido como la identificación de la alianza ante los organismos recaudadores de Senafin para el traslado de insumos a través de las alcabalas-, Barreto denunció que el documento es comercializado de forma paralela en el mercado negro institucional por una tarifa de hasta 25 mil dólares.
Asimismo, la dirigente gremial denunció que las autoridades se han negado rotundamente a entregar documentación indispensable para operar legalmente, señalando directamente a la directiva del despacho Desirée Hidalgo de convertir insumos gratuitos en una mercancía dentro del sector minero. Explicó que un Run, el Registro Único Minero y cédula de identidad adherida a la alianza, es comercializado por montos elevados, por lo que exigen la entrega por escrito de la carta de inicio de operaciones y el acta de arrime al Estado.
Por su parte, Gipxi García, vicepresidenta de la empresa agrominera, respaldó las denuncias y cuestionó la actuación de funcionarios del ministerio al señalar: «Es ilógico que llegue un ministro niño bonito de Caracas a pretender quitarnos lo que con tanto esfuerzo y trabajo hemos conseguido». García recalcó que estas acciones buscan amedrentar a las familias y trabajadores que sostienen sus hogares mediante la minería.
Ante esta situación legal, el abogado representante de la empresa, Gabriel Aguilar, anunció que interpusieron formalmente un recurso contencioso administrativo. Aguilar detalló que el objetivo principal es que la jurisdicción se pronuncie sobre «la ineficacia o la inasistencia pues de de algún tipo de pronunciamiento por parte del ministerio» ante las solicitudes presentadas, además de solicitar una medida cautelar para restituir los derechos constitucionales que consideran violentados.
