La congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick renunció este martes a la Cámara de Representantes, en medio de un escándalo por presunto fraude millonario y violaciones a las normas éticas, horas antes de que el Congreso evaluara posibles sanciones en su contra.
La dimisión ocurrió justo antes de que el Comité de Ética anunciara su decisión tras una investigación que concluyó que la legisladora incurrió en más de dos docenas de violaciones, principalmente relacionadas con financiamiento de campañas.
Cherfilus-McCormick enfrenta cargos penales federales por presuntamente participar en un esquema para desviar alrededor de $5 millones en fondos de ayuda por la pandemia.
Según las investigaciones, el dinero fue enviado por error a la empresa de atención médica de su familia y posteriormente habría sido utilizado para financiar su campaña al Congreso, realizar aportaciones ilegales mediante “donantes fachada” y cubrir gastos personales y compras de lujo.
Un panel de ética del Congreso determinó que la congresista habría violado al menos 25 normas, incluyendo reglas de financiamiento político.
Renuncia frena proceso disciplinario
Su salida se produjo minutos antes de una audiencia clave en la que se definiría el castigo, que podía incluir censura o incluso expulsión.
Con la renuncia se evita una votación en la Cámara y el Comité de Ética pierde jurisdicción directa sobre el caso.
En un comunicado, Cherfilus-McCormick criticó el proceso y afirmó que no tuvo tiempo suficiente para preparar su defensa, calificando el caso como una persecución política.
Antes de su dimisión, legisladores republicanos y algunos demócratas ya consideraban inevitable su salida.
La expulsión requiere el voto de dos tercios de la Cámara, pero el creciente consenso político apuntaba a que podía prosperar.
Su renuncia también evita una votación políticamente complicada para ambos partidos en pleno año electoral.
Su renuncia también evita una votación políticamente complicada para ambos partidos en pleno año electoral.
La salida de Cherfilus-McCormick deja vacante su escaño en Florida, que deberá definirse en una elección especial y la convierte en la tercera legisladora en renunciar recientemente bajo presión ética en el Congreso.
El caso se mantiene abierto en el ámbito judicial, donde la excongresista enfrentará un proceso penal que podría derivar en años de prisión si es hallada culpable.
