El anuncio formal lo hará el Departamento de Estado y lo confirmará John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, en un discurso que dará en Miami y en el que anunciará más sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua

EEUU anunciará este miércoles el fin de la suspensión del título III de la ley Helms-Burton, lo que endurecerá el embargo a Cuba y permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución cubana, pese a la oposición de España y la Unión Europea (UE).

“Mañana, Estados Unidos pondrá fin a unos 20 años de suspensiones del Título III de la ley Helms-Burton”, dijo este martes un alto funcionario estadounidense.

Estados Unidos planea empezar a “implementar” el Título IV de esa legislación, que restringe la entrada en el país de aquellas personas que “posean propiedades confiscadas de ciudadanos estadounidenses o que trafiquen con esas propiedades”.

El anuncio formal lo hará el Departamento de Estado y lo confirmará John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, en un discurso que dará en Miami y en el que anunciará más sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Se espera que las medidas entren en vigor a partir del 1 de mayo, cuando se cumple el plazo marcado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la última suspensión del Título III, confirmaron a EFE fuentes del Gobierno estadounidense.

España y otros países habían pedido en las últimas semanas al Gobierno del presidente Trump que no cumpliera sus amenazas de activar el Título III de esa ley de 1996, algo que podría afectar a compañías españolas como el grupo hotelero Meliá.

Ese título se creó para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de EEUU a las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Cuando se aprobó esa ley hace 23 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EEUU y, por ello, la UE denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).