El caso de la cooperativa «Coopera» es uno de los más sonados de los últimos años en Ecuador, por lo que autoridades analizarán reabrir investigaciones que vinculen a quienes «omitieron el control y permitieron que exista un cúmulo de delitos»
Ecuador desclasificó este martes 13 de agosto un caso de lavado de activos que había estado bajo confidencialidad desde 2013 y que puede salpicar a funcionarios de control y supervisión del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
El caso de la cooperativa Coopera es uno de los más sonados de los últimos años en Ecuador, porque afectó a 113.000 cooperativistas al acumular deudas por cerca de 50 millones de dólares y tener que afrontar un proceso de liquidación.
Esto se produjo bajo «las acciones despiadadas de sus directivos bajo la falta de control de las autoridades estatales», según los organismos a cargo del caso en el actual Gobierno de Lenín Moreno, que han decidido poner fin a la condición de «reservados» de todos los documentos de la cooperativa.
Con ello pretenden que aquellos afectados que estén interesados puedan conocer los detalles del caso y también que se investigue a las autoridades que ocultaron la situación de la entidad.
En una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet (sede de Gobierno), el secretario nacional Anticorrupción, Iván Granda, calificó el caso como el «mayor lavado de activos» y que al poner fin a la reserva se cumple el «anhelo» de los ciudadanos y de las ONG que pedían desclasificar el caso.
«Se afectó a 113.000 familias de Azuay y Guayas, quienes tienen derecho a saber la verdad sobre las irregularidades en Coopera», apuntó el alto funcionario.
La cooperativa fue disuelta en 2013 después de descubrirse en ella toda una serie de irregularidades que condujeron a su bancarrota, que incluyó, según Granda, la «triangulación de fondos entre Venezuela y Ecuador a través de paraísos fiscales».
Granda también mencionó, «depósitos ilícitos en 84 cuentas claves», «empresas de exportaciones pantalla» y «beneficiarios que no tenían derecho a créditos».
«Se analizará el reabrir investigaciones que vinculen a autoridades que omitieron el control y permitieron que exista un cúmulo de delitos», aseguró.
Granda está al frente de un organismo creado en febrero pasado para luchar contra lo que el Gobierno de Moreno calificó como «una de las mayores lacras en el país», la corrupción, y «destapar casos como los de Coopera con el fin de atribuir responsabilidades penales y reclamar el daño ocasionado al Estado, cuando fuera posible» estima el Ejecutivo.
En el caso de la cooperativa ya fueron condenados algunos responsables, pero según el funcionario «ninguna autoridad» ha pasado por un «proceso penal».
Destaca la autoridad que adelanta las investigaciones que al caso de liquidación de la cooperativa le aplicaron a la documentación, durante el Gobierno de Correa, una confidencialidad de 15 años, cuando la ley estipula en estos casos tan sólo 180 días para que se lleve a cabo el proceso.
Granda cree que «esos 15 años de información clasificada fue para ocultar información sobre las autoridades de control» que no actuaron para defender a los cooperativistas.
En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular, entregó a Granda la resolución en la que desclasificaba toda la documentación, asegurando que lo hizo con la intención de «poner fin a la impunidad mediante la intervención de los canales judiciales apropiados».