Laurentino “Nito” Cortizo, quien resultó electo como presidente de Panamá para el quinquenio 2019-2024, habría utilizado su posición política para hacerse de tierras a través de amenazas y tráfico de influencias
Mariam Reyes Arías, empresaria panameña de origen colombiano, acusó al nuevo presidente de Panamá, Laurentino “Nito” Cortizo, de un presunto robo de tierras y abuso de poder.
“Ya no tengo nada que perder. Perdí a mi esposo, a mis hijos… perdí económicamente todo. No quiero que los panameños pasen por la misma experiencia que pasé yo. No quiero que los panameños tengan a un tirano como presidente”, afirmó la viuda, quien explicó las razones de su denuncia pública.
La empresaria de origen colombiano vive en Panamá desde 1984. Llegó a la nación mesoamericana junto a su esposo, Leonardo Porras Zuluaga, y sus hijos, interesada en invertir en el istmo, la familia adquirió una finca de unas mil 400 hectáreas a través de una oferta pública que asegura haber ganado en licitación al Banco Nacional de Panamá en 1986. La tierra tenía varios kilómetros de costa, de cara al mar Caribe, y como vecino al ahora presidente Cortizo.
Asegura Reyes Arías que penas la finca fue adjudicada a Gran Pirámide S.A. (sociedad anónima de ella junto a su esposo) recibió una llamada del propio «Nito» Cortizo, quien dejó claro su “interés” por la hacienda que recién habían adquirido.
Tras la llamada –explicó Reyes- el banco sorpresivamente retuvo sin mayores explicaciones el dinero de la compra de la finca por ocho meses y no respondía a las cartas de reclamo para que se hiciera efectivo el traspaso de las tierras. Agrega que sería el primero de una serie de episodios que concluiría trágicamente con al asesinato, de un tiro en la cabeza, de su esposo.
Tras los reclamos, la entidad bancaria realizó la escritura del terreno, pero -según relata Reyes-, con la advertencia de que les quitarían 58.7 hectáreas de la finca sin sustento legal alguno que Cortizo tenía ocupadas en formal irregular.
«Justamente una parte de mi finca limitaba con una amplia tierra propiedad de la familia de Cortizo, que había comprado para pastoreo del ganado propiedad de su empresa familiar Hacienda Hermancor S.A. y por ello quiso apropiarse de esos terrenos. Quería dividirnos la finca por donde pasaba el camino vehicular, y así nuestra propiedad, que compramos al banco, quedó dividida en dos partes sin acceso vehicular, porque se apropió de las 58.7 hectáreas», sostuvo Reyes.
En 1994, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aseguró la denunciante que la situación empeoró porque “Nito” Cortizo se convirtió en diputado por el circuito 3-2 que comprende a las costas y montañas de la provincia de Colón, justo donde están ubicadas ambas fincas. Reyes denunció que en esa época comenzó una persecución sistemática en contra de ella y su esposo.
Relató que en 1997, el Banco Nacional de Panamá volvió a sacar a la venta pública las fincas que habían sido ocupadas en forma irregular por Cortizo .“Pusieron a la venta algo que ya nos habían vendido casi diez años antes”, explicó Reyes, quien con anterioridad había presentado recursos legales ante el Banco Nacional y la justicia panameña.
Nuevamente -según relató- Cortizo reiteró su “interés” en las tierras. Días después recibió otra llamada: esta vez de Roy Cortizo, hermano del político, quien le advirtió que “tenían información de inteligencia militar y ella no podía oponerse a la decisión”, de entregar las tierras en disputa a la familia Cortizo.
Ante la resistencia de Reyes y su esposo -continúa la denuncia- comenzó una “presión” en contra de los trabajadores, entre las que asegura hubo cortes del servicio de acueducto, robo de postes y alambres y difamación a través de la prensa localsobre la base de ser colombianos.
Reyes posee aún las denuncias hechas ante el Ministerio Público de Panamá, la Defensoría del Pueblo y una carta al entonces presidente Pérez Balladares advirtiéndole sobre la situación. “No recibimos ninguna respuesta de nadie. Nosotros no teníamos defensa legal de ningún tipo, y menos en el área de la finca donde las autoridades eran afines a Cortizo, quien era diputado”, denunció.
En abril de 2006 durante el gobierno del presidente del PRD Martín Torrijos (2004-2009) varias autoridades ingresaron a su finca de sorpresa con títulos de propiedad ilegales, vehículos gubernamentales e incluso policías armados, un hecho que fue reportado por los medios locales panameños. Por esta acción, Reyes volvió a recurrir a la justicia, pero asegura que una vez su queja fue atendida. Fiscalías, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público se hicieron de oídos sordos ante sus reclamos.
Ante esta situación, y la creciente presión de Cortizo, en 2011 Reyes y su esposo decidieron viajar a Medellín (Colombia), y en un medio de comunicación de esa ciudad dejaron constancia -a través de un escrito notariado de ese país y por medio de una entrevista grabada- de las amenazas y sus temores ante los posibles daños físicos, morales y económicos que podía sufrir su familia en territorio panameño.
En 2011 denunciaba la empresaria, a través de un video que: “El señor Laurentino Cortizo me llamó, me hizo veladas amenazas, diciéndome que me iba a aplicar toda su maquinaria. Se han levantado falsos testimonios, injurias, calumnias en contra de nosotros. Se está dando una persecución por los terrenos”.
Aseguró que al regresar a Panamá encontraron su propiedad invadida por pobladores impulsados por Cortizo, así como un clima de conflictividad exacerbado que terminó trágicamente con el asesinato de su esposo producto de un tiro en la cabeza.
«Yo creo que es muy importante que el pueblo panameño sepa la verdad, que conozca quién es Laurentino Cortizo y saque sus propias conclusiones de qué clase de Presidente quieren para su país. Aspiramos a tener un buen Presidente en Panamá y él es un tirano», concluyó.
