La exmandataria también fue autorizada a viajar a Cuba en julio para que pueda visitar de nuevo a su hija Florencia, que recibe allí un tratamiento de salud
La expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández no acudirá el próximo lunes 24 de junio a la nueva sesión del juicio en el que es acusada de encabezar una asociación ilícita y cometer fraude en la concesión de obra pública durante su mandato (2007-2015), confirmaron a Efe fuentes de su defensa.
La también precandidata a la Vicepresidencia para las elecciones del 27 de octubre alegó ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) -que acoge cada lunes y desde el 21 de mayo pasado las audiencias- tener planificada una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri.
Hace casi un mes que el TOF 2 autorizó a Fernández a no ir a las primeras sesiones del juicio, en las que se leen las acusaciones, siempre que pueda acreditar que se superponen con funciones de la labor parlamentaria.
Hasta ahora solo faltó en la tercera audiencia, el 4 de junio, al señalar que tenía una reunión en la Cámara Alta.
El juicio, que tiene también entre los acusados a su exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el empresario de obra pública Lázaro Báez, ambos ya detenidos, comenzó apenas tres días después de que anunciara su precandidatura a vicepresidenta para los comicios de octubre, con su exjefe de Gabinete Alberto Fernández como postulante a la Jefatura de Estado.
La exmandataria también fue autorizada a viajar a Cuba en julio para que pueda visitar de nuevo a su hija Florencia, que recibe allí un tratamiento de salud.
La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) irá a La Habana del 2 al 10 de julio próximos, tras los viajes que ya realizó -autorización judicial mediante- en marzo y abril pasados.
Fernández insiste en que Florencia sufre «problemas de salud» provocados por la «persecución feroz» a la que en su opinión la somete la Justicia, que la acusa a ambas en dos causas por presunto lavado de activos y asociación ilícita, por las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.
