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sábado, 26 noviembre, 2022

Más de 100 ONG piden a ONU-Hábitat incluir a Venezuela en su plan para atender la COVID-19

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«No comprendemos cómo un país que padece una Emergencia Humanitaria Compleja y que ha generado la mayor crisis de migración forzada de los últimos años en el continente americano, no sea parte del foco de atención de ONU-Hábitat bajo la pandemia actual de Covid-19», reza el comunicado

Más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela, pidieron a ONU-Hábitat que no deje a Venezuela por fuera de su plan para atender la COVID-19.

En total 121 organizaciones venezolanas remitieron una comunicación a ONU-Hábitat, la agencia de Naciones Unidas que trabaja asentamientos urbanos, luego que el ente divulgara su Plan de Acción sobre el Covid-19, dirigido a 64 países y en el que se excluyó a Venezuela, reseñó Provea.

Este es el comunicado:

Caracas, 28 de abril de 2020

Maimunah Mohd SharifDirectora Ejecutiva de ONU-Habitat

Su despacho

Reciba en primer lugar un cordial saludo y nuestro deseo del mayor éxito en sus gestiones. Asimismo, que se encuentre bien de salud junto a sus familiares en estas circunstancias. Las organizaciones sociales y de derechos humanos que suscribimos la presente comunicación queremos comunicarle nuestra preocupación por la exclusión de Venezuela del “Plan de Respuesta al Covid-19” que ha diseñado ONU-Hábitat para 64 países del mundo. Según los criterios definidos por su institución (poblaciones carentes de viviendas adecuadas y sin servicios básicos como agua y saneamiento, con una alta proporción de trabajadores informales) no comprendemos cómo un país que padece una Emergencia Humanitaria Compleja y que ha generado la mayor crisis de migración forzada de los últimos años en el continente americano, no sea parte del foco de atención de ONU-Hábitat bajo la pandemia actual de Covid-19.

el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, divulgado el 4 de julio de 2019, “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”. Por su parte el 9 de febrero de 2019 la relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, suscribió una comunicación junto a 3 relatores más (Alimentación, salud y pobreza extrema y derechos humanos), donde se afirmó que “Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”. La Señora Farha se refirió en específico a las denuncias donde “individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle”. El grupo de expertos también manifestó que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hacía imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis. La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas al cierre del 2019, revela que 4 de cada 10 hogares en nuestro país reporta interrupciones diarias en el servicio de electricidad, el 72% tiene un suministro irregular de gas y el 25% de los hogares no tiene acceso estable a agua potable . En el Panorama de las Necesidades Humanitarias de marzo 2020 se registra que solo el 19% de las instalaciones básicas de saneamiento son seguros y más de 800,000 personas en las zonas rurales todavía practican la defecación al aire libre. Se estima que están enfrentando necesidades humanitarias en agua y saneamiento 4.3 millones de persona, de los cuales 1.4 son niños menores de 5 años y 2.3 millones son ancianos. Por otro lado en declaraciones durante el mes del marzo, el mismo Poder Ejecutivo divulga cifras de la encuesta que realiza a través del sistema automatizado de información oficial “PATRIA”, que muestran que el 88% de los hogares reportan tener dificultades para el acceso a los alimentos, 61% dificultades para el acceso a agua potable y 46% dificultades de acceso a gas para uso doméstico.

Según información recopilada por la ONG venezolana Provea, que hace un seguimiento a los niveles de cumplimiento del Estado en sus obligaciones al derecho a la vivienda, durante el año 2019 el Estado venezolano construyó apenas 4.820 viviendas, a pesar que las informaciones oficiales aseguran que se levantaron 500.000 unidades habitacionales. Según datos del Comité de Afectados por Apagones durante el año 2019 ocurrieron 80.700 fallas de suministro eléctrico en todo el país. Durante la cuarentena esta situación ha persistido, por lo que diversos estados del país sufren interrupciones no programadas del servicio eléctrico de hasta 6 horas al día. La misma situación se denuncia sobre el acceso al agua potable, gas doméstico y servicios de telefonía celular, por lo que las viviendas venezolanas no pueden considerarse como “seguras” para el correcto cumplimiento de las medidas de aislamiento social bajo la pandemia.

Según un estudio de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), realizado en diciembre de 2019 en 10 de las principales ciudades del país y en 27 municipios, solo un 16,7% de los encuestados indicó recibir el servicio de agua potable de manera continua en sus hogares, pese a que un 91,8% del total de la muestra afirmó tener acceso a tuberías. La crisis de los servicios básicos en el país es causa permanente de movilizaciones por parte de las comunidades afectadas. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el mes de marzo de 2020 se realizaron 184 protestas en todo el país en reclamo por esta falta de acceso, 87 de ellas específicamente por el acceso al agua potable, 51 protestas por falta de gas doméstico y 46 movilizaciones por interrupción del servicio eléctrico. Este colapso se refleja en el sistema público hospitalario del país.

La Encuesta de Hospitales 2019 realizada por la organización Médicos por la Salud arrojó que en 40 hospitales encuestados del país 78% reportó fallas de agua, mientras que el 20% estuvo sin servicio de agua todo el año. Igualmente, 63% reportó fallas de electricidad.  Por su parte 7 organizaciones defensoras del derecho a la educación publicaron a finales del 2018 un reporte nacional en el que documentan que las interrupciones del servicio de agua en las escuelas son generalizadas y el racionamiento y los cortes de electricidad impiden la regularidad de las horas de clase.

Según denuncias recibidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) la falta de agua en las cárceles obliga a los privados de libertad a pagar hasta 50 dólares por acceder a un “camión cisterna”.   Desconocemos si la decisión de no incluir a Venezuela en el plan de respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat responde a la poca colaboración de las autoridades del país o, en base a información no corroborada sobre el terreno, se considera que en Venezuela no existen déficits de cumplimiento de las obligaciones del Estado en el derecho a una vivienda digna. En este caso nuestras organizaciones están dispuesta a mantener informada a su oficina sobre los datos que levantemos sobre la situación tanto del acceso a la vivienda como de los servicios públicos en el país. 

En cualquier caso, las organizaciones que suscribimos la presente comunicación solicitamos a su oficina que se reconsidere urgentemente esta decisión, y se hagan todas las gestiones necesarias para incluir a Venezuela dentro del plan de respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat. 

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