La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó «serias preocupaciones» por la seguridad de los birmanos en unas elecciones que se celebrarán «en una atmósfera de violencia» y en medio de la constante represión de la disidencia y de duras restricciones a la participación.
Muchos de los grandes partidos políticos están excluidos de estas elecciones, mientras que 56 localidades siguen bajo ley marcial y otras 31 carecen de candidatos, explicó a la prensa en Ginebra el portavoz de derechos humanos, Jeremy Laurence.
Tampoco podrán votar varias minorías étnicas -como los rohingya, los tamiles y los gurkhas- y la población china de Birmania.
En conexión telemática desde Bangkok, el responsable de la oficina de derechos humanos en Birmania (Myanmar), James Rodehaver, denunció también que el Ejército está forzando a las poblaciones desplazadas por el conflicto armado en este país a volver a sus pueblos para votar, en algunos casos mediante ataques aéreos.
En el otro extremo, algunos grupos armados opositores ejercen presión sobre los ciudadanos para que no acudan a votar.
Uno de esos grupos, el ejército de Rangún (al sur del país), asumió recientemente la autoría del bombardeo de una oficina donde habría personal electoral trabajando, explicó Rodehaver.
Rodehaver denunció igualmente que la población votará mediante unos dispositivos electrónicos que no permiten dejar el voto en blanco, a lo que se agrega la vigilancia electrónica que el Ejército está utilizando para controlar dónde está la población e identificar a los disidentes.
Por otra parte, el organismo de la ONU indicó que la junta militar ha señalado haber detenido a más de cien personas bajo las nuevas leyes de protección de las elecciones.
En esas circunstancias, tres jóvenes han sido condenados a 49 años de prisión por colgar posters donde aparecía una urna con una bala.
Justo un mes antes de la fecha de los comicios, previstos para el 28 de diciembre, la junta militar ha anunciado la amnistía de los condenados por delitos de incitación y sedición, de la que deberían verse beneficiados cerca de 4.000 prisioneros.
Pero Rodehaver apunto que solo se ha visto salir de los centros de detención a entre 549 y 559 presos.
«Incluso si los indultos son ciertos, 22.000 personas que nunca tendrían que haber sido detenidas, seguirán en prisión», lamentó Rodehaver.
