China denunció este miércoles lo que calificó de «intimidación» por parte de Estados Unidos al supuestamente exigir a Venezuela que rompa sus relaciones económicas con Pekín como condición para explotar y comercializar su petróleo, y defendió que el país sudamericano es un Estado soberano con pleno control sobre sus recursos naturales.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que Venezuela «es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio», al ser preguntada por las informaciones publicadas por la cadena estadounidense ABC News sobre supuestas exigencias de Washington a Caracas.
Según esos reportes, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, habría reclamado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ponga fin a sus vínculos con China, Rusia, Irán y Cuba y que se asocie exclusivamente con Estados Unidos en el sector petrolero.
Mao calificó esa supuesta presión como un «uso descarado de la fuerza» y sostuvo que la pretensión de que Venezuela disponga de sus recursos energéticos conforme a un enfoque de «Estados Unidos primero» constituye «un caso típico de intimidación», que «viola gravemente el derecho internacional», «infringe de manera seria la soberanía de Venezuela» y «perjudica los derechos del pueblo venezolano».
«China condena firmemente este comportamiento», subrayó la portavoz, quien añadió que «debe enfatizarse que los derechos e intereses legítimos de China y de otros países en Venezuela deben ser protegidos».
La portavoz reiteró asimismo la posición de Pekín en defensa de la cooperación económica entre Estados soberanos y recalcó que China «siempre ha llevado a cabo intercambios y cooperación con otros países sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco».
Las declaraciones de Mao se producen en un contexto de creciente tensión internacional tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos y en medio de un intenso debate diplomático sobre la legalidad del uso de la fuerza y la gestión de los recursos energéticos venezolanos.
