Exjuez Yonathan Mustiola: Todos los cuerpos de seguridad del Estado deben ser intervenidos

Texto: Vanessa Davies. Fotos: Rafael Briceño-Contrapunto

El Gobierno de Maduro no sigue las recomendaciones de Michelle Bachelet, porque sería admitir que viola los derechos humanos, sentencia el activista e integrante de la ONG Justicia Venezolana. Mustiola insiste en que los integrantes de colectivos paramilitares deben ser llevados a la justicia. En Venezuela hay 219 presos políticos militares. Todos son torturados al momento de la detención

El peor fin de semana de su carrera en el sistema judicial lo vivió Yonathan Mustiola el último fin de semana de junio 2017, cuando le “lanzaron” el caso de los casi 30 estudiantes detenidos durante las protestas, encerrados en un camión cava y asfixiados con gases lacrimógenos. Era el juez 43 de Control de Caracas y se enfrentaba a lo que para otros sería un dilema (dejarlos libres o encarcelarlos). No para él.

Mustiola, egresado de la UCV y ahora integrante del equipo de Justicia Venezolana, ingresó al Poder Judicial como pasante en un tribunal en el Circuito Judicial Penal de Caracas. Fue defensor público, juez de ejecución en Nueva Esparta, juez de juicio de adolescentes en Los Teques y, finalmente, juez 43 de Control de Caracas.

“Estaba claro en que de un momento a otro eso iba a pasar”, admite el abogado en entrevista con Contrapunto. Ya en marzo de 2014 le remitieron un caso con la premisa de que le dictara orden de aprehensión a un tuitero. ¿Su respuesta? “Negué la orden. No me mandaron más casos”.

Pero en 2017, con el país encendido en protestas antigubernamentales y una guardia de fin de semana, le llegó el expediente de los 26 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Metropolitana (Unimet) y la UCV. “Ellos estaban protestando y les encontraron cascos, guantes, botellas de agua. En esa época la Fiscalía revisaba el acta policial, y si no había nada, no imputaba delito y solicitaba medida cautelar o libertad sin restricciones. Pero entonces la instrucción que teníamos los jueces era meterlos presos”, rememora. “Si la Fiscalía pide libertad sin restricciones, usted impone fianza y los deja detenidos, y eso legalmente no se puede hacer. Y si pedían medida cautelar el tribunal debía dictar privativa de libertad, que también es ilegal. Llamaban a reuniones a los jueces de control para explicarles esto. Yo lo sabía”.

A los muchachos los detuvieron un jueves y los presentaron el sábado. “Llegué a mi guardia el sábado; todo el mundo sabía que me los iban a mandar a mí. El caso llegó después de las 5 de la tarde, y a esa hora no iba a hacer audiencia. Revisé, dije que no había nada. La fiscal no imputó delito, no pidió ninguna medida, le lanzó la pelota al tribunal y solicitó iniciar una investigación. Además, fue un procedimiento sin testigos”, relata.

Cuenta que lo presionaron para que pospusiera la audiencia hasta el día siguiente. Mientras tanto “autoricé que se entrevistaran con sus abogados, que les subieran comida. Fijé la audiencia para el domingo, y esa fue la noche más larga de mi vida. Hablé con mis papás y mi pareja, que estaban en la casa, y me preguntaron qué iba a hacer. Les respondí que los dejaría en libertad”.

Aunque ese domingo llegó muy temprano al tribunal y con la decisión tomada, tuvo que esperar varias horas porque lo presionaron para que no emitiera sentencia hasta recibir órdenes superiores. Cuando el presidente del circuito judicial le dijo que hiciera lo que tuviera que hacer, Mustiola procedió como le dictaba su conciencia. “Fui a la sala y dicté la decisión: libertad sin restricciones”. La gente prorrumpió en aplausos.

El lunes, de nuevo en el tribunal, el juez no sabía si lo encarcelarían o lo expulsarían. “Llegué a ver qué pasaba primero: si la Inspectoría de Tribunales me botaba o el Sebin me detenía”. Diez días después lo llamaron para destituirlo. “De mi experiencia como juez me llevo que nunca permití que alguien interfiriera en mis decisiones. En estas circunstancias no quiero volver a ser juez”.

Rafael Briceño Sierralta

Yonathan Mustiola acudió a Contrapunto dos días después del atentado contra el dirigente opositor Juan Guaidó en Barquisimeto. “Es sumamente grave que los grupos colectivos, a los que en Venezuela se les ha dado ese tinte de grupos paramilitares que ejercen incluso terrorismo de Estado, actúen de manera campante y a la vista de los organismos de seguridad del Estado”, enfatiza.

-¿Qué delitos cometen?

-En principio son delitos graves contra las personas y contra la propiedad, amén de las actividades que ellos hacen y en las cuales estarían vinculados, como narcotráfico y crimen organizado.

-¿Cómo lo sabe?

-Eso lo que se presume cuando escuchamos hablar de estos grupos que operan en la parroquia 23 de Enero, en Caracas. Recordamos lo ocurrido en 2014, con los integrantes del Colectivo 5 de marzo, que eran personas vinculadas con actividades de crimen organizado. Odreman, minutos antes de morir, dio declaraciones en las que indicó que estaban armados y que las armas se las dio el Estado.

-¿Qué deberían hacer los cuerpos de seguridad?

-Deberían seguirles un procedimiento penal como a cualquier otra persona. Una investigación penal, respetando sus derechos. Tendrían que ser llevados a un procedimiento penal.

Rafael Briceño Sierralta

-¿Por qué no se hace?

-Porque hay complicidad por parte del Estado. No le veo otra razón. No les conviene quedarse sin estas personas, que en medio de todo prestan un apoyo a las cosa que ellos hacen. Son grupos paramilitares, porque lo que se conoce como colectivos hace tiempo que ellos dejaron de ser eso. Un colectivo es un grupo que se dedica a actividades culturales, deportivas, artísticas, como los colectivos feministas de Valparaíso, las Tesis.

-¿Qué impide que el estado cumpla las recomendaciones de Michelle Bachelet?

-Ella señala que espera que el Estado asuma la palabra empeñada, y pienso que no lo hacen porque sería admitir que es un gobierno que viola el estado de derecho, que no respeta los derechos humanos de sus ciudadanos. De lo que dijo Bachelet la semana pasada recalco la creación de un protocolo para que un grupo de su oficina pueda ver los juicios y audiencias de los presos políticos. Eso sería genial.

-¿Por qué?

-Como defensor de DDHH que lleva casos en tribunales uno denuncia torturas, malos tratos por parte de los organismos de seguridad del estado y violaciones al debido proceso, como retardo procesal, decisiones no ajustadas a derecho ni a lo que establece el procedimiento. Eso queda en la denuncia que hace el abogado defensor, nunca va más allá. Sería positivo que eso ocurriera.

-¿Qué impide que el Estado cumpla?

-Lo que impide que el estado ejecute estas recomendaciones, tanto de Naciones Unidas como de la CIDH, es que sería admitir que violan derechos humanos, y eso sería un punto menos también para cualquier acción que se inicie en la justicia penal internacional.

-¿Otras recomendaciones que hizo Bachelet?

-En el informe de julio del año pasado ella recomendó la intervención de la FAES. Yo diría que la intervención de la FAES, la PNB, la Dgcim, el Sebin… De todos los organismos de seguridad del Estado. Debe haber una intervención.

-¿Qué cosas se deben cambiar?

-Lo primero que debe cambiar es que sean funcionarios probos, que conozcan cómo es el procedimiento para las aprehensiones, los interrogatorios, las investigaciones. Y que sean órganos auxiliares de la Fiscalía, como se supone que deberían funcionar, y no que ellos hagan por su cuenta las investigaciones; mientras lo hacen, torturan y abusan de los detenidos.

-¿Otra cosa que usted modificaría?

-Otra cosa que urge, que lo digo desde el día 1 que salí del Poder Judicial: que se llame a concurso a los jueces penales, que se haga una reforma del proceso penal para eliminar el grave problema de la politización de la justicia penal.

-¿No estuvo politizada siempre?

-La justicia siempre ha estado politizada. Empecé a trabajar en tribunales en 1999, y siempre había politización con el bipartidismo: jueces adecos, jueces copeyanos, pero a diferencia de ahora, se respetaba la decisión del juez.

-¿Qué pasa ahora?

-Ahora el juez ni siquiera decide de acuerdo con su criterio. El juez se ha vuelto un asistente de quien le manda la orden. No toma su decisión de acuerdo con lo que dice el expediente. Si eso funcionara así el número de presos políticos sería menor. Si quieren investigar a una persona por un hecho político, que se investigue, pero en libertad.

Rafael Briceño Sierralta

En Venezuela hay 219 presos políticos militares, afirma Mustiola, a quienes “involucran en conspiración o intentos de golpes de Estado que no están probados en un proceso”. Más de la mitad son del Ejército, y buena parte de ellos fueron los mejores de su promoción. “Igbert José Marín Chaparro tiene las mejores notas en la Academia Militar desde las de Pérez Jiménez. Está preso desde hace dos años por traición a la patria, rebelión militar”.

-¿De qué los acusan?

-A casi todos les aplican la misma cartilla: traición a la patria, rebelión militar, instigación a la rebelión, espionaje.

Los que se encuentran en peores condiciones son los de la Dgcim, asegura, porque llevan meses o años en un recinto en el que no deberían estar más de 48 horas. “Marín Chaparro, por ejemplo, tiene dos años en la Dgcim”. Todos “son torturados al momento de la detención; los desaparecen durante varios días” aunque “sabemos que están en la Dgcim llevando golpes”.

Sin embargo, y pese a las oscuridades, gente como Yonathan Mustiola sigue su camino en la defensa de los derechos humanos.