Comenzó a defender a presos políticos en 2014, a propósito de lo ocurrido el 12 de febrero de ese año. Lleva la cuenta, una por una, de las irregularidades que -en su criterio de abogado penal- se han cometido contra el parlamentario de Primero Justicia. Y afirma que la jueza del caso todavía está a tiempo de reivindicarse
Nadie le va a contar al abogado Joel García cómo hallar la verdad en un expediente o cómo se disfrazan los hechos en una escena del crimen. Porque García se formó en la PTJ, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial antecesor del actual Cicpc, y esos años de preparación y de experiencia le permitieron concluir que al concejal Fernando Albán lo mataron y que al diputado Juan Requesens lo drogaron para que se incriminara.
Este lunes se cumplieron 300 días del encarcelamiento de Requesens, diputado por el partido Primero Justicia (PJ). Joel García es uno de sus abogados y ya perdió la cuenta de las veces que ha visitado la sede de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el Helicoide; o el Palacio de Justicia, en la esquina de Cruz Verde.
Pero afirma que no se arrepiente de haber asumido la defensa del dirigente opositor, acusado por su presunta participación en el intento de magnicidio del mandatario Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018. Tanto no se arrepiente, que está dispuesto a acompañar al parlamentario y a su familia hasta el final del proceso, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Defender a Juan Requesens es defender la democracia», afirma este jurista y profesor universitario de 57 años de edad (los cumplió el 17 de marzo), en conversación con Contrapunto.
No muchos saben que García nació en Caracas y que es uno de los siete hijos de una pareja que hizo familia con «los tuyos, los míos y los nuestros». Que estudió en un liceo caraqueño y que en algún momento pensó estudiar química porque le gustaba la química orgánica. Que cursó seis semestres -ciencias fiscales- en la Escuela Nacional de Hacienda Pública pero se dio cuenta de que le gustaba el derecho. Que entró a la PTJ en 1981, donde pensó que podía ingresar a un laboratorio de criminalística, y que se formó como perito judicial en un régimen estricto (entraba los domingo y salía los viernes). Que se fue de la PTJ -como subinspector- y ejerció en el área de banca y también seguros hasta el año 2001.
Nadie en la casa de Joel García es abogado. «En honor a la verdad jamás en mi vida pensé ser abogado», reitera. Él decidió serlo y estudiar en la Universidad Santa María (USM). Además, optó por el camino del derecho penal, hasta el punto de no pisar nunca un tribunal civil. «De verdad, amo esa carrera, y si vuelvo a nacer, volvería a estudiar derecho. El derecho es una carrera que complementa la vida».
12 de febrero de 2014: un cambio de rumbo
En la noche del 12 de febrero de 2014, cuando estaba con su esposa, vio las imágenes de los detenidos por la marcha que convocó Leopoldo López. «Me pregunté: ¿Quién va a asistir a esos muchachos?. Y ese mismo día puse en Twitter y en Facebook que me ofrecía a defenderlos gratuitamente», recuerda.
Es así como el profesor de penal, procesal penal y teoría general del proceso en la USM, y de técnicas de litigación en el posgrado de derecho procesal de la UCV, termina como abogado defensor de la familia de Bassil Da Costa (asesinado el 12 de febrero), de los estudiantes presos… Sin cobrar un centavo.
«Todas estas defensas son de forma gratuita, son ad honorem. Muchos piensan que uno está multimillonario, pero yo lo hago con la convicción de que toda persona merece ser defendida y tiene derecho a un debido proceso», enfatiza. Incluso, funcionarios del chavismo, como el mayor general Miguel Rodríguez Torres, encarcelado por el Ejecutivo de Maduro pese a haber sido un hombre muy cercano al presidente Hugo Chávez.
«En Venezuela siempre se han violado derechos humanos, pero nunca tanto como en los últimos años», sostiene. «Si el juez tuviese autonomía, y no tuviese consecuencias por lo que decide, no habría tantos casos» como los que hay ahora.
García ha defendido a presos como Enzo Scarano y Salvatore Luchesse; a Carlos Melo y Antonio Ledezma (con otros abogados); a Requesens y a Roberto Marrero. Y asegura que, si algún funcionario chavista es perseguido por Maduro, también lo ampararía con ese derecho al que tanto ama.