«Nosotros solicitamos a los distintos candidatos que tengan un discurso respetuoso, un discurso que llame a la tolerancia, un discurso que llame a la no discriminación; que no se haga uso del discurso homofóbico, misógino o machista para descalificar a los adversarios políticos, porque el país nos está viendo», subraya la activista y defensora de derechos humanos. Ya comenzó el Mes del Orgullo Lgbti
Cuando Richelle Briceño habla sobre homofobia de Estado en Venezuela es porque tiene, como se dice popularmente, «los pelos del burro en la mano». Abogada y mujer trans, Briceño está acostumbrada a alzar la voz por los derechos de una población vulnerable en el mundo, y especialmente en Venezuela, donde todavía persisten los supuestos chistes y comentarios pesados, pero también, la criminalización por parte de las instituciones.
Aun cuando la campaña presidencial no se ha iniciado formalmente, por la vía de los hechos ya comenzó. Y también arrancó, el 1 de junio, el Mes del Orgullo Lgbti. «Estamos comenzando el mes del Orgullo en unas condiciones de precariedad, de omisión; estamos iniciando el mes en una situación deplorable y decadente, porque cuando te comparas con el resto de la región te das cuenta de que es el país más atrasado», señala en entrevista con contrapunto.com.
-¿Cómo ha sido la precampaña? Cómo ha visto la precampaña como activista y profesora de derechos humanos? ¿Ha visto homofobia?
-Ciertamente algunos candidatos han dirigido su narrativa a la población Lgbti y a algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad, tanto a favor como en contra. Tenemos a uno desde el oficialismo, que es el candidato del Gran Polo Patriótico; y tenemos a tres candidatos, digamos, dentro de la oposición: Uno, de la Plataforma Unitaria; el otro, del partido Centrados, y el otro, del partido Soluciones para Venezuela. Y, por último, tenemos uno en contra de la narrativa a favor de la población Lgbti y mujeres, que es el candidato del partido Alianza para el Cambio, que es el de Bertucci. Cuando analizamos cuál es el discurso, Centrados y Soluciones tienen una propuesta novedosa; cuando hablo de novedosa, me refiero a que estos son candidatos que no han estado en el poder y que han dado un apoyo al desarrollo de los derechos de la población Lgbti y de mujeres.
Por el otro lado, analiza, «tienes el candidato del Gran Polo Patriótico con unos voceros, como por ejemplo, Diosdado Cabello, diciéndote que Nicolás Maduro es el candidato de la diversidad sexual, lo cual abre el compás para interpretar cómo es que el candidato de la diversidad sexual, que ya tiene dos períodos constitucionales cumplidos, no ha avanzado con ninguna de las promesas que ha hecho en campañas anteriores en relación con el matrimonio civil igualitario, la no discriminación, el respeto a las poblaciones de la diversidad sexual. Eso no ha sucedido en 12 años. Entonces, ¿cómo entender un discurso con con el contradiscurso de los hechos? Porque no solamente es eso, sino que el candidato de la diversidad sexual tiene dentro del sistema de justicia a un vocero en el Ministerio Público que se ha posicionado en medios de comunicación y en redes sociales en contra del avance de la población Lgbti».
Además, el supuesto candidato de la diversidad sexual «en su periodo de gobierno permitió que se produjera la detención de 33 personas Lgbti en Valencia, y dos personas en Maracaibo, bajo el delito de ultraje al pudor. Entonces tú ves allí cómo esa narrativa no es más que un deseo de instrumentalizar nuevamente las luchas de la población Lgbti».
Por otro lado «tenemos a un candidato que también tiene tiene su peso, y lo tiene desde el año 2018 cuando fue candidato a la presidencia y obtuvo aproximadamente un millón de votos: Bertucci. Él ha dicho que no se va a sentar con ninguno de la Plataforma Unitaria porque la Plataforma Unitaria respalda derechos fundamentales y derechos humanos que van en contra de sus valores; es decir, que la existencia de nuestras vidas y la existencia de nuestros derechos y nuestra dignidad humana va en contra de los valores de él como persona, como político y como miembro del partido, lo cual es lo cual es contradictorio porque sabemos que la Constitución establece que cualquier persona en un cargo de elección popular debe garantizar la preeminencia de los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana».
Briceño enfatiza que la Constitución establece un principio de igualdad, y también, un principio de equidad: «Dar a cada quien según lo que necesite. Efectivamente, cuando analizas la situación de la población Lgbti, es tan alarmante que amerita una respuesta diferenciada por parte del Estado venezolano. ¿Para qué? Primero, para disminuir la discriminación; y segundo, para garantizarle sus derechos. ¿Cuáles derechos son? El derecho al matrimonio civil igualitario, a la identidad de género; el derecho a la cobertura legal de los hijos e hijas dentro de las familias homoparentales; el derecho a reconocer aquellos matrimonios que se han celebrado en otros países. Pero además, un derecho trascendental, como es el derecho a la participación política de la población Lgbti dentro del espacio político nacional venezolano».
Pocas personas abiertamente Lgbti están haciendo política, y cuando rompen barreras, «el sistema les coloca un límite», refiere. Aunque hay dos diputadas Lgbti en la Asamblea Nacional «dos diputadas no representan a un colectivo que puede ser de 3 millones de habitantes en Venezuela; y esa representación no se encuentra en las alcaldías, no se encuentra en los estados no se encuentra dentro del Poder Público Nacional porque se han cerrado los espacios para las personas Lgbti debido a que quienes ocupan los espacios son grupos conservadores, son grupos fundamentalistas muy ligados a la religión pentecostal que han tomado la hegemonía del poder en Venezuela».
Para la abogada es el Estado el que está favoreciendo el crecimiento de estos grupos. «En Venezuela el 31% de los venezolanos, según una última encuesta, se identifica como neopentecostal o evangelista. Este favorecimiento del crecimiento exponencial de una religión que sabemos que su dogma de fe es contrario a la lucha de los derechos de las mujeres, a la lucha de los derechos Lgbti, sucede porque hay un favorecimiento desde el poder, desde el Estado. Esto es tan así, que el año pasado el 4% del presupuesto nacional le fue asignado a cultos y religiones por encima de tecnología y cultura».
-¿Cómo manejar eso?
-Muy pocas veces me meto en temas religiosos para defender derechos civiles. Hay dos esferas: lo que usted pueda creer, que es íntimo, es privado y aplicable única y exclusivamente para usted. Y los derechos civiles, que son totalmente distintos de las creencias religiosas; son normas objetivas de convivencia para favorecer el desarrollo de una sociedad. A lo que nosotros apuntamos es siempre a los derechos civiles. Cuando tú me dices a mí que por convicción religiosa no estás desarrollando políticas públicas, normativas, decretos, resoluciones a favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, estás yendo en contra de lo que establece nuestra Constitución en el artículo 59, donde si bien es cierto que está establecida la libertad de culto, está prohibido que tú hagas uso de tus creencias religiosas para anular, acabar los derechos de otras personas; eso es lo que está ocurriendo con estos grupos. Esos grupos de poder están del Gran Polo Patriótico, con grupos que tienen incidencia en la Asamblea Nacional, incidencia en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Ejecutivo Nacional y en los demás poderes públicos del Estado ahora. ¿Cómo combatir esto? Ellos se tienen que llamar a la reflexión, porque no te puedes autodenominar revolucionario si lo que pretendes es mantener un statu quo religioso en el sistema de leyes del país. Lo segundo, es que no te puedes llamar revolucionario en el pleno siglo XXI e implementar políticas y temas del siglo XX. No se ha dado un paso hacia el siglo XXI dentro de una revolución que se supone que debería hacerle honor a la izquierda, porque se supone que progresista es avanzar y retar el statu quo; y lo que ha hecho esta revolución es mantener el statu quo.
Briceño marca la diferencia entre Maduro y los candidatos Márquez, «que ha dicho que efectivamente se considera un hombre moderno, no solo en el tema tecnológico, sino en el tema del avance de la sociedad»; y Fermín, que «en sus redes sociales se ha manifestado a favor del matrimonio civil igualitario y por el respeto a la dignidad humana».
También se refiere a González Urrutia, quien «si bien es cierto que en una oportunidad dijo que el tema del matrimonio civil igualitario son temas personales, también es cierto que se ha reunido con parte de la población Lgbti, específicamente con algunos activistas aquí en Caracas, y asumió el compromiso de elaborar propuestas para el sector Lgbti en esta campaña presidencial. Es cierto que Edmundo González Urrutia ha dicho que él es defensor de los derechos humanos y de las libertades individuales. La pregunta que le haríamos a él, y esperamos tener la oportunidad muy pronto de verlo, es preguntarle qué es la defensa de los derechos humanos y la defensa de las libertades individuales en el contexto de los derechos de la población Lgbti y de las mujeres». Los hechos «son los que realmente definen si eres o no eres una persona que defiende los derechos humanos y las libertades individuales».
-¿Hay discurso de odio en la precampaña?
-Por parte de voceros importantes del oficialismo se descalifica por la orientación sexual, se intenta confrontar al adversario a partir del chiste homofóbico, y eso, obviamente, nosotros lo condenamos, porque como político eres un referente para el país y el país va a copiar lo que tú haces. Si tú llamas al irrespeto a través de un chiste, eso probablemente pueda hacer daño para el resto del país. Eso es una copia, y cuando el resto del país te copia, hay un grupo y un sector minoritario que está siendo humillado en menoscabado en su dignidad humana por tu chiste. ¿Por qué pasa? Porque esos políticos que no tienen ningún tipo de formación en estos temas no han querido formarse, no han querido tener la voluntad de inmiscuirse en la problemática y ver de qué va todo esto, esta lucha de la población Lgbti. Nosotros solicitamos a los distintos candidatos que tengan un discurso respetuoso, un discurso que llame a la tolerancia, un discurso que llame a la no discriminación; que no se haga uso del discurso homofóbico, misógino o machista para descalificar a los adversarios políticos, porque el país nos está viendo.
-¿A quién le correspondería regular eso? ¿Al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué herramientas tiene?
-En principio, hacer contraloría. Yo sé que ellos recibieron un documento, como lo he dicho en otros espacios, donde se hace énfasis precisamente en el contenido del discurso que se elabore en medio de la campaña. Se le ha sugerido, se le ha solicitado al Consejo Nacional Electoral que monitoree constantemente los discursos emitidos tanto por los candidatos presidenciales como por sus voceros principales para que tome cartas en el asunto, para que llamen la atención e, incluso, para que veten a aquellas aquellas personas que están contrariando este principio que acordaron respetar los distintos movimientos políticos que participaron en el diálogo. Sobre las sanciones a aplicar, ya es algo que tiene que ver el propio Consejo Nacional Electoral, porque ¿cuáles podrían ser las sanciones, más allá de lo administrativo? Una multa, un veto a través de Conatel. Ellos son los que tienen que evaluar qué disposiciones hay en las leyes y en sus reglamentos que les permitan sancionar a estos candidatos.
-¿Qué expectativa tiene sobre la campaña una vez que comience formalmente y la instrumentalización que pueda seguir ocurriendo?
-Es importante conocer la posición de cada candidato en este en este tema. Conocemos en este punto lo que se ha manifestado, pero ese no es el fondo del asunto. El fondo del asunto va más allá de decir «yo estoy de acuerdo y yo los apoyo, y qué bonitos los colores». Nosotras y nosotros, por ejemplo, esperaríamos que los candidatos tengan la disposición de reunirse con los activistas Lgbti de distintas tendencias ideológicas; eso es un plus para nosotras y nosotros, porque de esa forma podemos conocer realmente hasta qué punto o hasta qué nivel es el compromiso que tienen los candidatos con la población Lgbti y sus necesidades. ¿Por qué? Porque no queremos correr el riesgo de que sencillamente, a través de una pantalla de televisión a través de una red social, se diga «feliz día del orgullo Lgbti, nosotros los apoyamos». Y ese no es el fondo de este asunto. Nosotros, para poder avanzar en este país, tenemos que ir hacia la verdaderas consolidación de políticas públicas, verdaderas leyes, verdadera incidencia en los medios de comunicación y redes sociales para que de otra forma se pueda ir transformando la sociedad.
-¿Gane quien gane?
-Si repite Maduro, si gana Edmundo o Enrique, vamos a seguir. Vamos a seguir exigiendo nuestros derechos gane Maduro y se mantenga su statu quo, gane Edmundo González Urrutia con una nueva visión de país. Gane quien gane, allí vamos a estar nosotras y nosotros recordándoles los deberes que tienen con la población Lgbti, porque al final de cuentas nosotras y nosotros contamos como como ciudadanas y ciudadanos en la República y nosotros tenemos el deber, pero también el derecho, de exigir cuáles son las necesidades que debe cubrir el Estado venezolano.
-¿Cuáles son las políticas públicas que se deberían implementar?
-En principio, la primera política pública que debería implementar un presidente es ampliar las competencias del Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género, de manera tal que exista un viceministerio de la diversidad sexual, y que desde allí se puedan elaborar políticas públicas relacionadas con la educación sexual integral, que incluye una educación inclusiva; atención a personas Lgbti en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, para sacarlas de las calles y brindarles educación, trabajo, acompañamiento psicológico y emocional. Ese viceministerio debería ofrecer contenidos, narrativas para los medios de comunicación y las redes sociales de manera tal que se pueda incidir en el imaginario colectivo a favor del respeto a las diferencias, de la no discriminación.
-¿Qué otras acciones se pueden tomar?
-El presidente no puede nombrar a un ministro que sea homofóbico, o machista, o misógino, o racista, o capacitista. Un presidente tiene que leer muy bien el perfil de la persona que va a ocupar un espacio tan importante como es un ministerio en este país, y lo mismo sucede con los cargos que debe elegir la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que nombrar un nuevo Poder Moral Republicano; hasta ahora han dejado mucho que desear las actuaciones con la población Lgbti, porque la Fiscalía imputó a 33 personas Lgbti en Valencia y dos en Maracaibo. Desde sus creencias, o desde sus prejuicios, o de sus «valores», ellos consideran que deben actuar en contra de la población. Con la renovación del Poder Moral Republicano se tendrá un nuevo Fiscal y un nuevo Defensor del Pueblo, porque desafortunadamente también ha dejado mucho que desear su labor a favor de la población Lgbti. El encadenamiento de noviembre de 2022 se hizo en la Defensoría del Pueblo porque nosotros le exigíamos al Defensor del Pueblo que hiciera cumplir la ley. La Constitución es tan amplia que nos permite a nosotros acceder a todos estos derechos por los cuales hemos venido luchando durante estos años. El defensor no ha hecho seguimiento a este tema, y por otro lado, la Fiscalía lo que ha hecho en este último año es criminalizar. ¿En qué punto estamos? Estamos en un estado de indefensión. Es muy fácil emitir opiniones, pero qué difícil es asumir las consecuencias de tus opiniones. Para ocupar esos puestos tienes que educarte, tienes que formarte, tienes que informarte, pero sobre todo tienes que sensibilizarse, porque no sabes el daño que le puedes estar causando una comunidad con las palabras.
Como defensora de derechos humanos está convencida de que en la AN no se discutirá nada que pueda fracturar su funcionamiento, «y el tema Lgbti y el tema mujeres crea rivalidades dentro del bloque hegemónico que se encuentra en la Asamblea Nacional, que es el Gran Polo Patriótico. Ellos no se van a arriesgar a exigir un debate por el matrimonio civil igualitario, como no lo hicieron por la ley orgánica contra toda forma de discriminación, aprobada en primera discusión, y que pasó a consulta pública álgida porque los grupos conservadores fueron en contra. Ellos les temieron a los grupos conservadores y decidieron sepultar una ley tan importante para todo el país. El egoísmo fue tan grande, que decidieron llevarse a todo el mundo por el medio con tal de no reconocer la discriminación hacia las personas Lgbti.
A pesar de que en Venezuela está prohibida la discriminación «no hay forma de confrontarla, no hay forma de sancionar a quienes ejecuten actos de discriminación, como sucede en otros países».
El matrimonio civil igualitario «está parado también en la Asamblea. Acaba de cumplir los 10 años, una década. Quienes recibieron en ese año el proyecto de matrimonio civil igualitario son los mismos que están hoy en la Asamblea Nacional, porque hace 10 años la mayoría era del Polo Patriótico». Hasta ahora no se ha discutido «porque ellos no han querido, porque no han tenido la voluntad política, pero te salen a decir que su candidato es el candidato de la diversidad sexual. Dos leyes paradas en la Asamblea Nacional, y a través de la omisión legislativa ellos vulneraron un principio constitucional que te dice que por iniciativa legislativa la Asamblea Nacional tiene que discutir en primera discusión sí o sí». Sin embargo, no lo hicieron. «Entonces, cuando me preguntan si Venezuela no hay homofobia, respondo que sí la hay y es de Estado, es peor».
-¿Hay homofobia en Venezuela?
-Sí, y de Estado, porque todo esto que te estoy narrando te da a entender que efectivamente la homofobia viene desde los distintos poderes públicos del Estado. Te acabo de poner el ejemplo de la Asamblea Nacional, te acabo de poner el ejemplo del Poder Moral Republicano, te puedo poner el ejemplo del Tribunal Supremo de Justicia con la identidad. El TSJ tiene dos demandas: una, desde hace 20 años; y otra, desde hace 6 años. Y no solamente eso: tiene otra demanda, una demanda con respecto al 565 porque ellos emitieron una sentencia que no es la que nosotros estábamos esperando. Nosotros solicitamos la anulación completa, pero la sentencia no reconoce el principio de la no discriminación dentro de la Fuerza Armada; por el contrario, se hicieron los locos, realizaron toda una teoría en torno al significado de esa norma, pero no fueron al meollo del asunto. Para solucionar el problema de fondo tendrían que reconocer que efectivamente en una institución como la Fuerza Armada existe discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresiones. En el Tribunal Supremo de Justicia está también el tema de la omisión legislativa en la cual incurrió la Asamblea Nacional, y ellos declararon que efectivamente a la Asamblea Nacional le corresponde el tema. Entonces, ¿por qué la Asamblea Nacional no ha cumplido con un mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Quieres otro nivel de homofobia de Estado? Vámonos entonces al Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector en materia de registro civil y le corresponde implementar el artículo 146 de la Ley de Registro Civil que se modificó en el año 2009 para favorecer el cambio de nombre. Pero para obstaculizar, para ir en contra de la población Lgbti, resulta que ninguna persona puede hacer el cambio de nombre.
Activistas se encadenaron en la Defensoría del Pueblo para que la AN ejerciera su función contralora sobre el CNE. De hecho, recuerda Briceño, el Parlamento le pidió explicaciones al ente comicial, y al CNE «no le quedó más que reconocer que estaban violentando la normativa legal vigente y se comprometieron a realizar la modificación del instructivo. Modificaron el instructivo, lo publicaron en Gaceta Electoral, cambiaron al Consejo Nacional Electoral y todavía esa Gaceta Electoral no ha llegado a ser publicada en Gaceta Oficial. Entonces, ¿cómo tú a mí me puedes cuestionar cuando yo hablo de homofobia en Estado, cuando todos los poderes públicos se han dedicado a perturbar los procesos de reconocimiento de derechos de la población Lgbti?».
Incluso, en Venezuela, alerta, se aplican terapias de conversión que «son prácticas religiosas, son prácticas psicológicas, son prácticas bioquímicas, etcétera, etcétera».
Por eso, insiste, «es tan importante para nosotras y nosotros que haya declaraciones como las que dio Edmundo González o la que dio Enrique Márquez diciendo que vamos a entrar al siglo XXI. Para nosotras y nosotros esas declaraciones son esperanzadoras, porque no puede haber siglo XXI sin derechos Lgbti, no puede haber siglo XXI sin derechos de las mujeres, sin identidad de género, sin despenalización del aborto, sin eutanasia. Es imposible pensar que estamos en el siglo XXI si todos estos temas no son tratados; discutidos, por un lado, pero por el otro lado con acciones realmente que demuestran que estamos en el siglo de ahora».
-¿Todos estos déficit son por los grupos fundamentalistas, por los grupos religiosos?
-Es que no hay otra causa. Fíjate que, años antes, en una oportunidad le preguntaron a Chávez algo sobre el tema del matrimonio civil igualitario, y él respondía que la sociedad no estaba madura. Para el momento en que dio las declaraciones considero que sí, probablemente, pero ya ha pasado más de una década de eso y ya todos los países de la región tienen, o matrimonio civil igualitario, o uniones civiles. Entonces no es que la sociedad no esté madura; es que la sociedad ha madurado y quienes están en los espacios de poder no tienen la voluntad política para avanzar sobre este tema. Los grupos conservadores han dicho «vamos a llevar esto a referéndum». ¿Cómo vamos nosotros a aceptar eso? Cuando me dices «vamos a llevar a referéndum los temas Lgbti, tú me estás discriminando. ¿Por qué no sometimos a referéndum la ley afrodescendiente, o la ley de indígenas? Ah, el tema Lgbti porque está de base la homofobia. La propuesta del referéndum no es para ayudar. Es para paralizarte, es para frenar eso.
Si el país va a una constituyente se podrían incorporar «la no discriminación por orientación sexual», el reconocimiento de las familias. Pero la propia Constitución, tal como está, permitiría avanzar en materia de derechos. Briceño cita el artículo 22, que establece que el Estado garantiza los derechos humanos aunque no estén recogidos en la Carta Magna. Es partidaria del regreso del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque «también reconoce nuestros derechos como derechos humanos; es una garantía, es un espacio donde nosotras y nosotros conseguimos una cobertura o una protección jurídica para nuestras luchas en Venezuela».
-¿Hay personas presas por su orientación sexual en este momento en Venezuela?
-En este momento no hay personas presas, pero sí hay personas criminalizadas, y cuando me refiero a criminalizar me refiero a que, del caso de los 33, hay tres personas que tienen sus procesos abiertos. Hasta que no pueda sobreseer la causa, están siendo criminalizadas. Las dos personas de Maracaibo, igualmente.
-¿Va a hacerle seguimiento como activista a lo que pueda ocurrir en la campaña?
-Sobre todo, destaco la labor del Observatorio Venezolano de Violencia Lgbti, que tiene una incidencia bastante importante para manifestar y denunciar los actos de discriminación y de homofobia. En lo personal haré seguimiento. Yo también tengo mi postura política. Desde hace un par de años he estado pensando en la propuesta política para personas Lgbti, y creo que es fundamental que para el año 2025 las personas Lgbti tengan diputados con nombre y apellido en una fracción parlamentaria, con un proyecto del país. Nosotros no podemos abandonar nuestros espacios, y los espacios que debemos alcanzar ahorita son espacios de carácter político. De otra forma nadie va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer.
