Tras más de 1.000 días sin ajuste salarial, los ciudadanos venezolanos continúan a la espera de recibir una remuneración mensual que les permita cubrir al menos sus gastos básicos; una situación que ha vulnerado a los miembros de la sociedad, en lo que respecta a indicadores de pobreza. En vista de este estancamiento que ha derivado en la destrucción del valor del trabajo, Contrapunto.com consultó a algunos economistas: ¿Cuál será el tratamiento que se le dará al salario en 2025?
Al respecto, el economista Óscar Meza estima que Venezuela debería contar con un salario mínimo que le permita al trabajador adquirir una canasta alimentaria, una realidad que no se encuentra vigente desde hace algunos años. Además, detalló que la capacidad adquisitiva de los ciudadanos “que es en definitiva lo que se llama el poder real de compra”, es de apenas el 0,5% del precio de la canasta alimentaria: “Por eso se necesitan 190 salarios mínimos mensuales para cubrir el costo de la canasta alimentaria, propuesta por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM)”, recordó.
De acuerdo con la Cepal, el 50% de los ingresos de un hogar en Latinoamérica se destinan a la alimentación, una data que se vio reflejada al cierre del mes de noviembre de 2024, cuando un pensionado, que requirió al menos 406,24 dólares para cubrir gastos básicos, asignó la mitad de este monto a la compra de alimentos.
A partir de esta cifra total de gastos, Meza detalló que aquellos pensionados que recibieron en esta fecha “48 dólares (entre bono de guerra y sueldo mínimo), con ese ingreso, que es el único normado que se tiene, se cubre apenas el 11,81% del gasto necesario”. Añadió que pese a lo bajo del monto, este grupo de personas también debe ejecutar pagos de servicios básicos como salud, higiene y limpieza.
Esto refleja, indicó, “la realidad de la situación que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo, de tener un salario mínimo que no cubre el costo de la canasta alimentaria”, una realidad que denomina como “una aberración”, considerando que para el año 1998 -cuando se publicó por primera vez la canasta básica del Cendas-FVM- un ciudadano requería “un poco más de dos salarios mínimos al mes para cubrirla”, mientras que a la fecha “se necesitan 6 salarios mínimos diarios” para poder cubrir su costo.
Meza considera que para el año 2025 “no hay ninguna perspectiva de mejora” salarial, teniendo en cuenta tanto la incertidumbre política de cara al 10 y 20 de enero y “segundo, porque este Gobierno ni siquiera cumplió lo que prometió en el 2018, cuando se hizo una reforma en la que se estableció que el salario mínimo era equivalente a medio Petro y que eso era más o menos $30, un monto que se iba a mantener indexado. Esto no se cumplió ni en 2024, que era un año electoral”.
Aumentar la liquidez y cambiar las políticas
Por su parte, el economista Andrés Giussepe ve con claridad que para poder aumentar el salario mínimo es necesario “aumentar la liquidez monetaria”, para lo cual se deben incrementar las reservas internacionales “y, por lo tanto, tienes que cambiar la política de asignación de divisas. No puedes seguir liquidando todo lo que ingresa por concepto de petróleo para los importadores de oficio, a fin de poder lograr una estabilidad cambiaria”.
Según estimaciones oficiales, 4 millones de personas se encuentran trabajando en la administración pública, mientras que entre pensionados y jubilados el universo es de 9 millones de individuos, “eso implica que el Estado tiene una carga fiscal elevada, con casi 13 millones de personas a las que debe garantizarles un salario justo”.
Ante esta aseveración, el Magister Scientiarum en Gerencia Pública considera necesario que el Gobierno aplique una política destinada a “revertir esta pérdida del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores, y necesariamente tiene que ver como una meta, que es constitucional, que se empiece a pagar el salario a nivel de la canasta básica familiar que, de acuerdo con datos de la consultora Polidata, para el mes de diciembre de 2024, se encontraba por el orden de 700 dólares mensuales”.
Para alcanzar y sostener un ajuste salarial acorde con esta medición, el Ejecutivo Nacional debe “resolver ese problema de cómo hacerse con más dinero, dadas las limitaciones de la industria petrolera, de la industria y los niveles de recaudación fiscal. Tiene que buscar mecanismos eficientes para poder sortear más recursos y aumentar salarios”, en caso contrario, estima que la economía seguirá dependiendo del petróleo “y va a seguir constreñida desde el punto de vista del comercio, porque no hay consumo, ni calidad de vida”, lo que podría derivar en un aumento de la diáspora.
A pesar de ello, Giussepe no ve viable un ajuste salarial acorde a las necesidades del venezolano para 2025, tomando en cuenta que el presupuesto nacional aprobado para este año fue de 22.661 millones 477 mil 939 dólares, mientras que para garantizar un salario mínimo acorde con el monto de la canasta básica familiar, “el Estado tiene que tener un ingreso nacional de más o menos $45.000 millones”.
Más que un ajuste, reconstruir el valor del trabajo
Desde otra perspectiva, Luis Crespo, economista y Magister Scientiarum en Moneda e Instituciones Financieras, cree que es necesario discutir “no un ajuste salarial, sino una política de reconstrucción del valor del trabajo, y eso pasa por reconstruir del salario”.
En este sentido, considera que en el diálogo social o el diálogo tripartito está la clave para discutir estrategias que permitan “reconstruir el salario”, con la finalidad de darle “su justo valor al trabajo productivo en Venezuela”.
“Ahora, no estoy hablando de salarios que igualen la canasta alimentaria o la cesta básica, porque estaríamos hablando de un salario que estaría arrancando en $539 o 1.078 dólares y eso prácticamente es insostenible en una economía como la que tenemos hoy día en Venezuela (…) pero lo que sí es importante es que tanto los trabajadores como los patrones públicos y privados en el diálogo social o tripartito asuman la discusión de iniciar ese proceso de reconstrucción”, puntualizó.
Crespo señaló que desde hace algunos años ha acompañado a los trabajadores venezolanos y cree que tras más de 1.000 días desde el último ajuste del salario mínimo nacional los trabajadores, especialmente del sector público, han visto de cerca la destrucción de «sus ingresos, su poder adquisitivo”, además de ver afectadas reivindicaciones fundamentales que tenía el sector vinculado a prestaciones, cajas de ahorro y algunas bonificaciones atadas al salario.
Sostuvo que esto les pone en una situación de vulnerabilidad en cualquiera de los indicadores de pobreza que pudiéramos utilizar, bien sea la línea de ingreso, la pobreza multidimensional o la pobreza extrema.
Hay impuestos que permiten el aumento
Al contrario de algunos de sus colegas, el economista José Guerra considera que sí es posible llevar a cabo un ajuste del salario mínimo nacional “porque los recursos los hay”, infirió, basado en la data del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) “que está recaudando más de mil millones de dólares mensuales”, además, “las importaciones petroleras se han visto favorecidas por el volumen de exportación, gracias a Chevron y la renta aduanera ha aumentado”.
Frente a esta realidad, explicó que en la actualidad existen impuestos internos no inflacionarios que permiten el aumento salarial: “Porque de nada vale un aumento salarial financiado por el Banco Central de Venezuela que luego reviente en forma de inflación. Entonces, lo que ganaste en dos días lo pierdes; tiene que ser (un aumento) financiado con recursos orgánicos para que no se genere inflación”.
El exdiputado a la Asamblea Nacional (2016-2021) indicó que, aún no es posible establecer un salario equivalente al precio de la canasta básica familiar por motivos de sostenibilidad, ya que -a su juicio- , debería rondar los $450 o $500.
No obstante, opina que un aumento salarial “razonable” podría ubicarse entre los $100 a $120 mensuales, además del ajuste a las pensiones: “Obviamente, sí se puede hacer y serían como unos 7.000 millones de dólares al año, lo que se puede financiar comprimiendo otros gastos; pero eso se puede pagar, lo que no se puede pagar es un aumento equivalente a la canasta básica”, concluyó.
