Colombia y Venezuela acuerdan reparación del gasoducto Antonio Ricaurte para reanudar importación de gas

Este proyecto busca fortalecer la seguridad energética de Colombia mediante el suministro venezolano, aprovechando una red que, aunque existente, requería de una voluntad política y técnica conjunta para su recuperación funcional

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Los gobiernos de Colombia y Venezuela han formalizado un acuerdo estratégico para reparar una sección dañada del gasoducto binacional Antonio Ricaurte. Según informó este miércoles el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la medida tiene como objetivo principal permitir que Bogotá inicie la importación de gas natural desde el territorio venezolano.

El anuncio se produce en un momento de intensa actividad diplomática, apenas dos días antes de la reunión prevista entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El encuentro marcará un hito en la agenda energética compartida tras años de inactividad de esta infraestructura clave.

El gasoducto Antonio Ricaurte, que ha permanecido inoperativo durante varios años, será reactivado bajo una hoja de ruta delineada en una reunión técnica de alto nivel. En este encuentro participaron el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la autoridad de licencias ambientales y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la cartera energética colombiana, PDVSA será la entidad encargada de ejecutar las reparaciones. Las obras deberán ceñirse a dos condiciones fundamentales:

  • Cumplimiento estricto de las regulaciones ambientales vigentes.
  • Seguimiento exacto de la ruta original de la infraestructura.

El gasoducto Antonio Ricaurte representa una de las arterias energéticas más importantes de la región, con una extensión de 225 kilómetros (140 millas) que conecta a ambas naciones. Una vez que las operaciones sean restablecidas, la infraestructura tendrá una capacidad de transporte de hasta 500 millones de pies cúbicos de gas.

Este proyecto busca fortalecer la seguridad energética de Colombia mediante el suministro venezolano, aprovechando una red que, aunque existente, requería de una voluntad política y técnica conjunta para su recuperación funcional.

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