Este es el paso previo para la Comisión de Encuesta, subrayó el coordinador de la central Unete
Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), estaba el 28 de septiembre en el Hotel Renaissance, en Caracas. De la puerta de vidrio hacia afuera un grupo de trabajadoras y trabajadores protestaba por haber sido excluidos del diálogo mediado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De la puerta de vidrio hacia adentro se celebraban las reuniones entre las centrales sindicales convocadas y el gobierno de Nicolás Maduro. Carbone, que en el encuentro de abril de este año se encontraba del lado de adentro, cinco meses después se hallaba del lado de afuera.
«Excluirnos del diálogo es una decisión política del gobierno», señaló Carbone, y afirmó que el gobierno quiso obligarlos a firmar, en abril pasado, un documento en el cual se afirmaba que había avances significativos. «Para los dirigentes sindicales de base que estamos activos es una gran vergüenza firmar algo así, porque nuestros compañeros tienen jubilaciones forzosas, tenemos presos políticos; por eso, era imposible firmar», ratificó.
Según Carbone, el gobierno «colocó en la mesa, ahora, que firmáramos el acuerdo de abril y que así se liberaba a Emilio Negrín. Nosotros con ese tipo de cosas, de extorsión y de poner a Negrín como si fuese una pieza canjeable, lo consideramos una falta de respeto, aunque a pesar de las diferencias nosotros creemos en lo que dice la OIT, en un diálogo eficaz y eficiente».
Reiteró que se está violando el objetivo del diálogo social tripartito, y que «los funcionarios de la OIT no presionan al gobierno para que haya una discusión, porque que no hayamos firmado un acuerdo no significa que no estemos de acuerdo con que el gobierno no reconoce la Comisión de Encuesta». El gobierno «mantiene su política: no reconoce la Comisión de Encuesta, y eso es violatorio de la Constitución».
Los trabajadores «creemos en la OIT, porque es un espacio tripartito» pero «el juego que ha tenido la OIT con el gobierno es complaciente porque aquí no hay diálogo eficaz, diálogo social, porque el gobierno solo quiere hablar con una parte». A la OIT «le debe llamar la atención que ahora hay más exclusión de centrales sindicales».
La queja que dio lugar a la Comisión de Encuesta (procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT) la introdujeron los empresarios venezolanos. Ahora, como lo ratificó Carbone, la OIT aceptó una queja de los trabajadores: la 3277. Esto es «producto de las denuncias», subrayó. «Esa queja la introdujimos la Unete y Codesa en el año 2016», queja «que por cuestiones de la COVID-19 no había aparecido y ahora sí». Ya «tenemos la comunicación formal de que está activa esa queja» por la violación del Convenio 87 (autonomía y libertad sindical).
«Si seguimos trabajando, esa queja 3277 puede convertirse en una solicitud» y en una Comisión de Encuesta de los trabajadores. «El gobierno la tiene difícil porque estamos labrando, hacia el futuro, otra Comisión de Encuesta, pero ahora de los trabajadores».
Los trabajadores «vamos a construir una queja contra el gobierno, este o el que venga, porque vamos a seguir insistiendo en la defensa de los derechos», puntualizó. «Este es un gobierno opresor, un gobierno que mantiene una política de hambre».
A pesar de las diferencias Carbone destaca que con el anterior ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, pudieron conversar. No es el caso del actual ministro, Francisco Torrealba, afirma. «Francisco es un tipo radical, es teniente de la milicia, es una persona que se uniforma de miliciano y trata de decir que es representante de los trabajadores, pero ningún militar es representante de los trabajadores».
