El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Ricardo Cussano, detalló que la Ley Orgánica de Precios Justos es punitiva, declara que la culpabilidad se presume y debes demostrar tu inocencia»
El Gobierno venezolano anunció que supervisará las ventas de tres empresas, e intervendrá una cuarta por al menos 180 días, a las que acusa de especular con los precios que ahora estarán bajo el control del Ejecutivo: una espada de Damocles para los comerciantes, según la agencia EFE.
Alimentos Polar, la empresa más grande del sector en Venezuela e integrante del conglomerado Empresas Polar, es una de las afectadas. El Gobierno la ha sometido un control de precios.
Lo mismo ocurre con Plumrose, dedicada a los embutidos, y un matadero de Turmero, en el estado Aragua. La cuarta empresa es Coposa, dedicada al sector oleaginoso y sobre la que recae una intervención que ya está en marcha y que se prolongará por 180 días con posibilidad de prórroga.
Estas medidas se amparan en la Ley de Precios Justos, aprobada en el año 2015, pero ¿por qué se había relajado su aplicación, qué regula y qué consecuencias tangibles puede tener sobre las empresas?
La ley
La Ley Orgánica de Precios Justos entró en vigencia en noviembre de 2015, creada por ley habilitante, lo que otorga el poder al presidente del país de gobernar por decreto en un momento en que la Asamblea Nacional (AN), aún estaba compuesta por una mayoría chavista.
¿Qué regula la ley?
La aplicación de esta ley incluye el precio máximo de venta de los productos, el margen de beneficios que se puede obtener por la venta de bienes o servicios (20% para importadores y 30% para productores nacionales) el marcaje físico del precio de los productos, así como el sistema para determinar los precios de esos bienes o servicios.
Penaliza los productos remarcados con aumento de precio, no poner visibles los carteles administrativos exigidos por la ley o no exhibir los bienes que se tengan disponibles.
El incumplimiento lleva sanciones que van desde multas a penas de prisión de hasta quince años, además de la intervención en la empresa.
El procedimiento
El abogado Leonardo Palacios, explicó que, habitualmente, las sanciones y medidas que toma la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), entidad dependiente del Ministerio de Comercio, son «vías de hecho», es decir, que se toman sin un debido procedimiento: son «anómalas, violatorias del Estado de Derecho».
El procedimiento debería contemplar una primera visita a la empresa con una autorización para la inspección; después puede que el intendente encargado visite las instalaciones, revise y pida distintos documentos.
«Puede ser desde el libro de cuentas, el acta de fundación de la empresa, las facturas de importación, factura de adquisición, documentos de relación con otras empresas internacionales, listados de clientes o proveedores, estudios económicos», detalló Palacios.
Después de revisar y estudiar el caso, se deberían anunciar las sanciones y la empresa tendría derecho a reclamar y que se revisara el caso.
¿Cuándo intervienen una empresa?
Si la medida es el control de los precios o la intervención, los intendentes de la Sundde llegan a la empresa y conviven con el resto de los trabajadores habituales de la misma.
En el tiempo que dure la sanción, estos fiscales acuden a la empresa para regular precios, comprobar procedimientos y envíos. Además, pueden solicitar los documentos y procedimientos que requieran.
Cuando es intervenida una empresa, la medida supone la toma de control de la misma por parte de la Sundde.
Regulación de los precios
En Venezuela la inflación ha sido constante, y se ha visto envuelta en una espiral de hiperinflación desde noviembre de 2017, los precios de estos productos básicos (azúcar, leche, harina de maíz) se quedaban anclados.
¿Por qué tomar las medidas ahora?
El presidente de Fedecámaras, destacó que esta medida se toma ahora, debido a los apagones nacionales que, desde marzo de 2019, sufrió toda Venezuela y que dejaron al país a oscuras o con intervalos de electricidad durante varias semanas.
«No había puntos de venta (datáfonos), el que tenía posibilidad usaba el dólar para comprar o cobrar sin importar que lo sancionaran», detalló.
El dólar y su uso estaba hasta ese momento penalizado en Venezuela, un país con control de cambio desde 2003.
En este sentido, destacó que «la fuerza de las aguas vivas de la economía impulsó a que el Gobierno permitiera el uso del dólar y relajó las medidas de la Ley de Precios.
Una medida con efectos
Las fuentes consultadas por EFE detallaron que en este momento el Gobierno retomó la ley como una «medida efectista» ante el agravamiento de la situación económica de los venezolanos debido a la cuarentena por la COVID-19, que se ha sumado a la escasez de combustible y la devaluación del bolívar.
¿Qué ocurrió anteriormente?
Los entrevistados concuerdan que en ocasiones anteriores, tanto el control de precios como la intervención de empresas supuso un retroceso en la economía, produjo escasez y un surgimiento del bachaqueo, la reventa ilegal de productos.
Por eso, consideran que ahora esta medida supone nuevamente una espada de Damocles que pende sobre las cabezas de los comerciantes.
