JP Morgan, en su más reciente informe, titulado “Venezuela: Avanzando en una reestructuración de deuda”, plantea -tras el anuncio del miércoles del Gobierno venezolano de iniciar un “proceso integral de reestructuración de la deuda pública” y la contratación de Centerview Partners como asesor financiero, con el aval de la Licencia General 58- que una “normalización” de la deuda podría presentar “algunos giros” potenciales.
En función de lo señalado en el comunicado oficial, según el cual el objetivo es “la normalización de las obligaciones de deuda de Venezuela, incluida la deuda comercial externa pendiente emitida en forma de eurobonos por la República y PDVSA” y “las obligaciones de deuda oficial se abordarán mediante la normalización institucional”, JP Morgan advierte que una interpretación de esta afirmación es que la reestructuración de la deuda comercial y de bonos podría seguir un camino diferente (y potencialmente más rápido) que el de los préstamos en mora a acreedores oficiales.
“Esto último aparentemente se abordaría una vez que Venezuela vuelva a comprometerse plenamente con organismos multilaterales regionales como el BID y la CAF a quienes se les deben $2 mil millones a cada uno y son algunos de los mayores acreedores del sector público”, señala la firma en su informe.
JP Morgan también destaca lo argumentado por Venezuela sobre las causas y consecuencias del incumplimiento: una serie de “shocks externos” que llevaron a un default prolongado desde 2017, pero reconoce que Venezuela posee “potencial económico, incluidas dotaciones únicas de hidrocarburos y minerales”.
“La República ha mencionado su compromiso con una recuperación guiada por una agenda prudente de reformas macroeconómicas, pero que debe ‘reducir sustancialmente’ el sobreendeudamiento actual para normalizar el financiamiento externo y público y volver a comprometerse plenamente con el sistema financiero internacional a fin de apuntalar un ‘círculo virtuoso’ de recuperación”, agrega.
En el informe se menciona otro comunicado en el sitio web del Ministerio de Finanzas, em la que se hace énfasis en que Venezuela tenía una larga historia de cumplimiento de sus obligaciones internacionales hasta que fueron “impedidas después de 2017 por sanciones financieras”.
Al mismo tiempo, este comunicado comenta que «los recursos de la nación deben asignarse, sobre todo, al bienestar del pueblo de Venezuela y no ser consumidos por obligaciones financieras insostenibles. El proceso de reestructuración tiene como objetivo garantizar un alivio sustancial de la deuda, que se asignará en beneficio del país y su población, permitiendo un crecimiento inclusivo y la creación de empleo, previendo un renacimiento del desarrollo y la prosperidad».
