La Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución solicitó este lunes al gobierno nacional crear una comisión de alto nivel que evalúe la situación de las empresas, viviendas, fincas, haciendas y otros bienes expropiados, a fin de determinar la devolución a sus propietarios o la indemnización por parte del Estado.
Esta situación requiere de una revisión inmediata «para buscar soluciones, y crear un marco adecuado de seguridad jurídica», exhortó Vicente Brito, presidente de la Red.
«Para crear un clima propicio de seguridad jurídica que facilite las inversiones, es necesario revisar y derogar las leyes que han tenido que ver con la estatización o confiscación de la propiedad en Venezuela. Esto no solo incluye a empresas, sino a haciendas, fincas, hatos y viviendas», explicó.
Subrayó que en la mayoría de los casos no se indemnizó a los dueños. Además, se trata de tierras y empresas que producían bienes y servicios. Estimó que son entre 35 mil y 40 mil propiedades afectadas a escala nacional «como mínimo, porque no solo hablamos de hatos o grandes empresas, sino de propiedades como una casa de playa, terrenos, edificios que han sido ocupados sin un procedimiento que lo justifique».
Acompañado por Gregorio Rojas y Luis Añez, también directivos de la Red, Brito dijo que buena parte de esas propiedades agroindustriales «producían entre 50 % y 60 % de los alimentos que consumíamos y otros productos de alta demanda nacional». Hoy, en manos del Estado, «no producen ni 10 %». El resultado «es que hemos visto crecer importaciones y pérdida de empleo, porque en la medida en que la actividad ha decaído debido a la merma de la capacidad de producción de los hatos, hemos observado creciente migración de gente calificada y el desplazamiento a las ciudades».
Las normas que, a criterio de la directiva de la Red, deben ser derogadas, son la Ley de Tierras y los decretos vinculados con el sector productivo, al igual que las órdenes verbales, porque el país llegó a la situación en la que «se ocupaban empresas sin apoyo del marco legal, y sin cancelación de la propiedad».
