Las construcciones han decaído y la capacidad de empleo es menor al 1% debido a que los trabajadores del sector se han ido del país o han cambiado de ramo, según Madureri, representante del gremio
“El 7+7 mata al sector. Una obra de construcción no se puede hacer rentablemente durante una semana y parar la siguiente. Las restricciones viales, las alcabalas y el diésel son problemas acuciantes en este momento” precisó Enrique Madureri, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción.
En este sentido, señaló que la caída de 99% en el sector es la mayor que ha experimentado hasta ahora, y que después de ser la falta de insumos y de inversión pública los principales problemas de las empresas, ahora estos se trasladaron a otras áreas, como la escasez de combustible y las restricciones por la pandemia.
La demanda en el sector es tan baja que la materia prima existente, como cabillas y cemento, alcanza para cubrir las pocas construcciones en curso; sin embrago, el máximo representante de la construcción resaltó que las empresas están listas para cuando ocurra un incremento en la demanda, y recuperar el sector con la industria nacional y no con importaciones.
“El Estado solo está haciendo obras de infraestructura, embellecimiento de autopistas, obras menores en los estados, en las alcaldías. Lo que se está moviendo en el sector construcción son las remodelaciones, la terminación de edificios en áreas como Las Mercedes, que llevan ya cinco años y se levantaron con financiamiento bancario e inversiones propias” señaló Madureri.
Sobre la capacidad de empleo detalló que es menor al 1% debido a que los trabajadores del sector se han ido del país, han cambiado de oficio, o están laborando bajo la modalidad delivery en otras áreas.
“En el 2012 teníamos unos 1.300.000 empleos directos en la construcción, ahora quedamos 20.000, es menos del 1% de la capacidad de empleo que podemos generar”, especificó.
De frente a la caída que experimenta el sector construcción, la más crítica en los últimos años, la Cámara solicita un cambio en las leyes que reprimen y castigan la inversión privada, como la Ley de Arrendamiento Inmobiliario y la Ley de Estafa Inmobiliaria, para reanimar la inversión privada y la operatividad en aquellas oficinas que están disponibles.
Además de realizar inversiones público-privadas para incrementar la producción en aquellas empresas que son una “carga” para el Estado y están inoperativas.
Con información de Banca y Negocios