Este lunes Fernández anunció la intervención de la empresa, que adeuda el equivalente a unos 255 millones de dólares al estatal Banco Nación, y envió al Congreso del proyecto de ley de expropiación

El gobierno argentino concretó este jueves la intervención de la empresa Vicentín, la cuarta agroexportadora del país, al borde de la quiebra, tal como había anunciado el presidente Alberto Fernández.

La intervención se hizo efectiva con el ingreso a la planta del subinterventor designado, horas antes de que Fernández reciba al director y accionista principal de Vicentín, Sergio Nardelli, para buscar una salida negociada a la crítica situación de la empresa.

El gobierno de Fernández anunció su intención de expropiar la firma mediante un proyecto de ley.

Endeudada en unos 1.300 millones de dólares, la exportadora de aceite y granos está localizada en la provincia de Santa Fe (centro-este), donde concentra gran parte de sus 2.638 acreedores, entre ellos una mayoría de productores agropecuarios.

La compañía se declaró en cesación de pagos y convocatoria de acreedores en diciembre.

Antes del ingreso a la planta, funcionarios del gobierno se reunieron con el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso a acreedores.

El pasado lunes, el mandatario anunció la intervención de la empresa, que adeuda el equivalente a unos 255 millones de dólares al estatal Banco Nación, y el envío al Congreso del proyecto de ley de expropiación.

El anuncio fue rechazado por otros agroexportadores y productores, en tanto, hubo protestas en Avellaneda, la localidad santafesina donde se ubica la planta, y cacerolazos en barrios acomodados de Buenos Aires.

Juntos por el Cambio, la coalición opositora liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), presentó una denuncia judicial contra la expropiación, en la que acusó al jefe de Estado de supuesto “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En una causa anterior, la Justicia penal investiga presuntas irregularidades en la autorización a la cerealera para que acumulara deuda por 255 millones de dólares, contra la normativa del Banco Nación. En la causa están imputados Nardelli y Javier González Fraga, titular del banco durante el gobierno de Macri.

El martes, el presidente mantuvo una charla telefónica con Nardelli, contó a radio Diez Fernández.

“Le expliqué con mucha claridad que la medida no tiene ninguna vocación de perseguir a nadie, al contrario, tiene la vocación de que una empresa de esa talla, que es una empresa argentina, siga siendo argentina y que sea rescatada de la situación en la que está”, dijo.