Una política que favorezca el crédito bancario; aplicar incentivos fiscales y crediticios temporales al sector agroalimentario, manufacturero y salud; restitución del IVA mensual son algunas de las medidas que plantea la Cámara de Comercio, Industria y Comercio

La Cámara de Caracas, presentó cinco propuestas para hacer frente a la crisis venezolana agudizada por la COVID-19.

“En los últimos seis años ha desaparecido 2/3 de nuestra economía. Los ingresos fiscales, internos y externos están en mínimos históricos. La inflación ha destruido nuestra moneda. Se ha destruido la capacidad de nuestra principal industria, el petróleo, y su producción se encuentra en niveles de hace 75 años. La cadena de valor que vincula a productores y consumidores, a la iniciativa y el emprendimiento, con el progreso y el crecimiento, está destruida”, enfatizó.

A todo ello “se suma ahora la pandemia del coronavirus Covid19, activando cuarentenas y paralizando de manera inmediata y extrema lo que quedaba activo de la capacidad productiva del país, las fallas en los servicios públicos y la severa escasez de combustible, la distribución de bienes y la prestación de servicios se hace compleja e ineficiente, el personal no puede atender debidamente sus responsabilidades, el flujo de caja como elemento clave de grandes y pequeñas empresas se ha reducido al mínimo, haciendo imposible cumplir obligaciones con el personal y acreedores, sin que existan alivios por la vía del crédito u otras fuentes”.

Las consecuencias para el sector productivo y los desequilibrios sociales “ya están a la vista: pérdidas recurrentes, quiebras, desempleo, desabastecimiento, pobreza. De una situación crítica, estamos ahora ante una verdadera emergencia nacional, tanto humanitaria como económico – financiera que afecta a todo el país y especialmente a los sectores más vulnerables de la población”.

Con base en este diagnóstico, la Cámara plantea:

  1. El régimen de encaje legal que desde 2018, ha venido aplicando el BCV con énfasis
    creciente en la restricción del crédito bancario y en la elevación de los costos
    financieros de la banca y del crédito, ha sido un factor de grave perturbación, pues
    ha ocasionado una caída de 75% del crédito en 2019, en términos reales, y ha
    comprometido seriamente la solvencia y estabilidad del sistema bancario, sin que
    por ello se haya detenido la inflación ni la depreciación del bolívar. Las más
    recientes medidas adoptadas en marzo, no representan siquiera un paliativo
    menor a la restricción crediticia que padecemos. Responsablemente, exigimos la
    adopción de una política que favorezca el crédito bancario conforme a las
    necesidades reales de la economía, para lo cual es imprescindible retornar a un
    régimen basado en el encaje ordinario único sobre los depósitos captados por la
    banca.
  2. Aplicar incentivos fiscales y crediticios temporales al sector agroalimentario,
    manufacturero y salud. La indexación de los créditos a las variaciones del tipo de
    cambio genera un nivel inmanejable de incertidumbre e introduce inconvenientes
    sobresaltos totalmente contraindicados cuando de recuperar los niveles de
    producción se trata. Así pues, planteamos la supresión de esa política que también,
    con las especificidades del caso, aplica a la Cartera Productiva Única Nacional.
  3. Proceder de inmediato a la restitución del régimen a período mensual del IVA, a los
    fines de permitir el ciclo normal de formación de los precios en cada una de las
    etapas del circuito económico. Esta medida debe estar acompañada de la
    derogatoria inmediata del régimen de anticipos de impuestos al valor agregado y a
    la renta.
  4. Diferir la entrada en vigencia de las más recientes reformas del Código Orgánico
    Tributario, Ley de Impuesto al Valor Agregado y Ley Orgánica de Aduanas.
  5. En comercio exterior exonerar temporalmente de tasas, aranceles e impuestos
    acompañada de la derogatoria inmediata del régimen de anticipos de impuestos al
    valor agregado y a la renta esto al valor agregado a la importación de las materias
    primas e insumos, activos productivos y determinados productos terminados,
    necesarios para asegurar el abastecimiento de la población; así como eliminar
    restricciones y agilizar los trámites administrativos, concesión de permisos y
    procedimientos de importación, tránsito aduanero y movilización de inventarios
    en el territorio nacional.