La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, afirmó que las fiscalizaciones de la Sundde han sido concertadas y realizadas «con el mayor respeto». Se ha revisado el uso de la tasa del BCV y las medidas de bioseguridad, entre otras, apuntó.
No ha habido cierres de comercios por este motivo, aclaró. Los pocos que han ocurrido son por otras irregularidades, acotó. De 3 mil fiscalizaciones solo cinco reportaron observaciones y un cierre por mercancía vencida.
Aseguró que el clima entre el Ministerio de Comercio, la Sundde y Consecomercio «nada tiene que ver con el pasado». Tenemos que revisar el proyecto de ley para el sector, apuntó.
Consecomercio hizo observaciones al proyecto de ley de armonización tributaria en la consulta que comenzó este miércoles. «Celebramos que exista la intención de poner un poco de orden», aclaró, y tener «una racionalidad fiscal». Pero «vemos en el espíritu de la ley que se podría perder un poco la autonomía municipal» y por eso «hicimos unas observaciones». Las observaciones «están siendo analizadas» y «siento que vamos bien».
Llamó al sector comercial a no caer en pánico por el aumento del dólar. «Somos cumplidores de la tasa del BCV pero aspiraríamos a regresar al momento en que no era necesario revisar todos los días esa referencia, porque había estabilidad». Los márgenes de ganancia se han reducido, admitió.
Polesel estimó que en tres años cerró 40% de los establecimientos comerciales debido a los impuestos. «Cierran sucursales», se reduce el número de locales y de trabajadores.
Tabaco, licores, medicamentos, alimentos y autopartes son los sectores más sensibles en materia de ilícitos, porque han entrado al país productos que no cumplen con las normas de calidad y que representan competencia desleal, alertó. «Hay sectores que estiman que 42% de los productos que están en el mercado son de contrabando». Esto generalmente «se mueve en la informalidad», describió.
Insistió en que las autoridades «deben hacer un trabajo a fondo para combatir la informalidad» y propuso la reactivación de la comisión presidencial contra el ilícito aduanero para que los empresarios puedan denunciar los casos y el Estado los investigue.