Piden al Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse como lo hizo en Chacao
Vecinos, comerciantes y trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador protestaron este lunes 12 de agosto frente a la sede de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (Sumat), a fin de exigir que se derogue la ordenanza en la que se anclan los impuestos al petro.
Los manifestantes consideran que esta medida «es una sentencia de muerte» para los comercios que aún sobreviven en Caracas.
En declaraciones a los medios de comunicación, Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de la Parroquia La Candelaria, denunció que se trata de «una dolarización» de los tributos porque el petro está anclado al precio del barril de petróleo, y éste a la divisa estadounidense.
Saludó la medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspendió el cobro de multas en dólares en Chacao y llamó a tomar la misma medida en el municipio Libertador. «¿Acaso somos ciudadanos de segunda en Libertador? Le decimos a la alcaldesa, Érika Farías; al TSJ y al Concejo Municipal que echen para atrás la medida», indicó.
«Es algo grave y le decimos al Concejo Municipal que esto no es de chavismo ni de oposición; ellos se dicen revolucionarios pero cómo les encanta cobrar en dólares», agregó.
Por su parte, César Mora, delegado general del sindicato del Sumat, manifestó en nombre de la organización gremial su apoyo total a los comerciantes del municipio «porque todos están bajando las santamarías debido a que no pueden cancelar un impuesto».
Aclaró que los comerciantes no se niegan a pagar; pero se rehúsan a cancelar algo que no está contemplado en la ley. «Esta medida se tomó de espaldas al pueblo (…) Los representantes de la alcaldía no atienen a nadie, ellos solo esperan que los llamen y le den una línea política», dijo.
Si las autoridades municipales no escuchan sus peticiones, tomarán las calles y trancarán Caracas «para ver si tienen un poco de conciencia y se sientan con los comerciantes a ver qué es lo que quieren».
Mauricio Marcano, comerciante de un quiosco en San Pedro desde hace cuatro años, manifestó que el incremento en los impuestos que tiene que pagar tras la ordenanza, que se emitió a finales de mayo, «es una barbaridad». «Si yo pagaba 160 mil bolívares ahora tengo que pagar 320 mil», acotó.
Eso con todas las dificultades que, en su caso, debe sortear: no tiene punto de venta y la gente no cuente con efectivo para cancelar. Pese a ello, reiteró que no se resisten a pagar los tributos, pero sí piden que «no les den tan duro».
«La propuesta que hacemos es que nos escuchen a las bases, que no nos tiren tan duro. Yo no podría cerrar mi negocio porque es el sustento de mi casa; no me niego a pagar los impuestos pero me veo súper ahorcado», expresó.
