El abogado y presidente de la Sociedad Venezolana de Derecho Agrario, Marcos Ordóñez, advirtió este miércoles que el marco legal que rige el campo venezolano se encuentra desfasado, actuando como una barrera para el incremento de la producción nacional. Según el especialista, el país opera bajo una legislación «vetusta» que requiere una transformación inmediata para adaptarse a los estándares internacionales.
Durante su intervención en el programa “Análisis de Entorno”, Ordóñez enfatizó que algunas normativas, especialmente las que regulan la ganadería, tienen más de 80 años de antigüedad. Esta brecha temporal, asegura, impide que el sector primario se incorpore plenamente a las dinámicas del comercio global.
Para el jurista, la reforma no debe limitarse únicamente a la propiedad, sino al ecosistema productivo en su totalidad. «Venezuela necesita hacer una profunda revisión de su legislación para que esté acorde a los nuevos tiempos, brindando seguridad jurídica no solo en la tenencia de la tierra, sino permitiendo que los productores sean competitivos internacionalmente», afirmó Ordóñez.
Uno de los puntos más críticos señalados fue la Ley de Identificación Ganadera de 1956. El experto calificó como urgente la actualización de esta norma para integrar tecnologías modernas de trazabilidad, las cuales son exigidas por los mercados más exigentes del mundo. «En gran parte del mundo ya ni siquiera se marcan los animales con hierro, utilizan otras tecnologías que permiten cumplir con los estándares de bienestar animal, lo cual hace competitivos estos productos», explicó.
Además de las reformas legales, Ordóñez apuntó a la necesidad de una reestructuración institucional, específicamente dentro del Instituto Nacional de Tierras (INTI). El abogado sostuvo que el ente debe evolucionar hacia un perfil más técnico y objetivo.
Según su análisis, es fundamental eliminar el «carácter subjetivo» en la toma de decisiones del organismo, señalando que esta discrecionalidad permitió en el pasado la ejecución de «excesos y abusos». La propuesta de la Sociedad Venezolana de Derecho Agrario apunta a que la institución se convierta en un facilitador técnico que garantice la estabilidad necesaria para la inversión en el agro venezolano.
