Shakira compareció ante la justicia española y alegó que no tiene ninguna deuda con la Hacienda pública

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La cantante colombiana aseguró haber pagado los 14,5 millones de euros que le reclamaban, pese a que corresponden al periodo 2012-2014 y ella no empezó a residir en España hasta 2015

Shakira alegó este miércoles ante un juez que actualmente no tiene ninguna deuda con la Hacienda pública española porque ya pagó los 14,5 millones de euros (16,3 millones de dólares) que le reclamaban, pese a que corresponden al periodo 2012-2014 y ella no empezó a residir en España hasta 2015.

La cantante colombiana declaró durante aproximadamente una hora y veinte minutos ante el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona, noreste), que la investiga a instancias de una querella de la Fiscalía, que acusa a Shakira y a su asesor económico en Estados Unidos de seis delitos fiscales.

La cantante Shakira (al fondo, tapada) eludió a la prensa que la esperaba a las puertas del juzgado de Esplugues, donde fue citada por haber defraudado, presuntamente 14,5 millones de euros a la Hacienda pública/FotoEFE

Fuentes jurídicas señalaron que Shakira solo contestó a las preguntas de su abogado y que dio detalles pormenorizados sobre su actividad profesional para demostrar que en ese período de tiempo -su defensa se refiere a los años comprendidos entre 2011 y 2014, a pesar de que Fiscalía lo circunscribe a 2012-2014- no vivía en España y que, por tanto, no tenía obligación de tributar en el país.

La cantante aseveró que escolarizó a su hijo mayor, que nació a principios de 2013 en Barcelona, a finales de 2014. Y que no fue hasta 2015, año en que dio a luz a su segundo hijo, cuando finalmente decidió fijar su residencia en España, ya que hasta entonces solo realizó visitas puntuales al país debido a su relación sentimental con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué.

Shakira justificó que sus ausencias de España no eran «esporádicas» -como señala la Fiscalía-, y trató de demostrar que realmente residía en el extranjero alegando su agenda de conciertos y su participación en el programa televisivo «The Voice» en Estados Unidos.

Foto: EFE

Fuentes cercanas a la artista indicaron que Shakira siempre se ha guiado por lo que le aconsejaban sus asesores, a quienes considera de los más reputados y reconocidos del mundo, y que no debe ninguna cantidad a Hacienda porque ya abonó los 14,5 millones (16,3) que le exigía la Agencia Tributaria.

Insisten, además, en que la cantante ha cumplido «en todo momento» con las obligaciones tributarias «en todos los países en los que ha trabajado», incluyendo el período de 2011 a 2014.

A su llegada a los juzgados, Shakira logró burlar a la prensa tras acceder al edificio a través del estacionamiento, en el que uno de sus abogados tiene alquilada una plaza de parking, evitando entrar, como es habitual, por la puerta de entrada.

Foto: EFE

La cantante eludió así a los medios de comunicación, a pesar de que la juez que investiga su caso había ordenado expresamente que entrara por la puerta delantera cuando acudiese a declarar, lo que estaba previsto inicialmente para el 12 de junio, pero que finalmente se adelantó a hoy a petición de Shakira.

La Fiscalía acusa tanto a Shakira como a su asesor fiscal en Estados Unidos de seis delitos fiscales por haber defraudado presuntamente 14,5 millones de euros (16,3 millones de dólares) al simular no residir en España y ocultar sus ingresos mediante un entramado de sociedades entre 2012 y 2014.

De acuerdo con la querella del Ministerio Público, la cantante urdió un «plan» con el objetivo de no pagar a Hacienda ni el impuesto sobre la renta de personas físicas ni el del patrimonio, lo que logró gracias a un entramado societario de empresas radicadas en paraísos fiscales que eran formalmente las titulares de los ingresos que percibía.

Sostiene, además, que la cantante empleó este esquema «con el deseo de no tributar», a sabiendas de que «vivía de manera habitual en España (…) a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio».

La Fiscalía la acusa así de «canalizar los movimientos de capital generado con su actividad profesional», como actuaciones o la comercialización de perfumes con su nombre, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. 

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