El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió este miércoles sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela con discursos de Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla; Valentina Ballesta, investigadora de Amnistia Internacional; y Tamara Taraciuk, miembro de Human Rights Watch tuvieron una intervención especial.
Estas tres mujeres en sus discursos propusieron a los Estados miembros de la OEA solicitar al CDH de Naciones Unidas en el °42 período de sesiones la creación de la comisión de investigación, así como asumir una respuesta coordinada.
Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, ofreció detalles sobre la tortura sufrida por el capitán Rafael Acosta Arévalo en los calabozos del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Asimismo, instó a los Estados a aplicar sanciones a funcionarios del Gobierno venezolano vinculados a violaciones de derechos humanos.
La abogada penalista afirmó que en Venezuela el crimen de la tortura está institucionalizado y que todos los organismos de seguridad e inteligencia están involucrados de alguna forma.
Estas violaciones de derechos humanos han llegado hasta la iglesia y los centros de salud del país, dijo Sujú.
Además, aseguró que la tortura no solo ocurre en los centros militares, sino que muchas víctimas son llevadas a centros clandestinos de tortura.
Sujú también denunció la orden de Maduro de armar a las milicias para portar armas de fuego y enfrentar manifestaciones.
Por su parte, Valentina Ballesta, investigadora de Amnistia Internacional, informó que entre enero y mayo de este año ocurrieron al menos 76 muertes por el uso violento de la fuerza.
Además, afirmó que las ejecuciones extrajudiciales no son un fenómeno nuevo en Venezuela, en 2018 hubo 8.000 mil casos y en 2019 se ha documentado un patrón de que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales tenían alguna relación con las protestas.
Explicó que otro mecanismo de represión son las detenciones arbitrarias, incluso se han registrado detenciones masivas.
Contó que desde 2014 las detenciones arbitrarias vienen acompañadas de choques eléctricos e insistió que la respuesta por parte de la comunidad internacional debe tener como centro salvaguardar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Por otra parte, Tamara Taraciuk, miembro de Human Rights Watch, afirmó que han documentado el colapso total del sistema de salud venezolano.
Resaltó el resurgimiento de enfermedades, aumento de la mortalidad materna e infantil y sobre el aumento de la inseguridad alimentaria.
Taraciuk, acuasó al Gobierno nacional de ocultar cifras epidemiológicas, negar por el acceso de ayuda humanitaria y aplicar medidas regresivas. «Esta crisis no es producto de una guerra, es producto de las decisiones del régimen de Maduro», explicó.
A su juicio, la respuesta a la emergencia humanitaria debe ir en paralelo, aún con la realización de negociaciones y además las Naciones Unidas debe ejecutar un respuesta humanitaria en Venezuela a gran escala, y «para ello debe dejar de lado su postura silenciosa».
