Un nuevo informe reveló los pagos que se dieron principalmente durante los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014), y menciona como intermediarios a varios políticos vinculados al gobernante Partido Panameñista
La Fiscalía de Panamá informó este jueves 27 de junio que se encuentra analizando «detenidamente» las nuevas filtraciones periodísticas sobre la trama de sobornos tejida por la multinacional Odebrecht para ver si las incorpora a sus investigaciones.
«El caso Odebrecht tiene distintas líneas de investigación que se abren en la medida en que se incorporan más datos», indicó la institución, dos días después de que se conociera que los sobornos pagados a funcionarios públicos de distintos países latinoamericanos fueron mayores que los confesados por la constructora brasileña.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, reveló el martes que la trama de corrupción de Odebrecht alcanzó a enormes proyectos de obras públicas no mencionados hasta la fecha en República Dominicana, Perú, Ecuador y Venezuela, entre otros.
En el caso de Panamá, donde la constructora fue durante años el principal contratista del Estado, destacan supuestos pagos de más de 18 millones de dólares en la primera línea de metro de la capital o más de 7 millones en la ampliación de Tocumen, el principal aeropuerto del país.
El informe señala que los pagos se dieron principalmente durante los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014), y menciona como intermediarios a varios políticos vinculados al gobernante Partido Panameñista cuya implicación en la trama ya era conocida, como el diputado Jorge Alberto Rosas o el exembajador Jaime Lasso.
Por el caso Odebrecht, que se mantiene bajo secreto de sumario, hay más de 80 imputados en Panamá, entre ellos dos hijos de Martinelli, quien se encuentra en arresto domiciliario mientras afronta un juicio por supuesto espionaje político y peculado y sobre el que pesan otras acusaciones por supuesta corrupción.
La Fiscalía panameña explicó en el mismo comunicado que sus investigaciones se basan en las delaciones de la firma brasileña y sus antiguos directivos, así como en «la trazibilidad financiera de las órdenes de pagamento que se ha recibido de parte de las asistencias internacionales a los distintos países que adelantan estas investigaciones».
La institución pidió además al Supremo panameño que le conceda una prórroga para seguir investigando el caso, luego de que un tribunal ordinario se la denegara el mes pasado por considerar que el plazo legal había llegado a su fin.
El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales 59 millones fueron en Panamá.
La Justicia panameña validó un año después el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.
Durante la audiencia de validación del acuerdo, la Fiscalía reveló que André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la firma en Panamá, confesó haber pagado más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños, de los cuales 55,8 millones recayeron en los hermanos Martinelli.
Odebrecht dijo el miércoles que no hubo omisión por parte de la empresa sobre la trama de corrupción, tras la publicación del nuevo informe del Consorcio y precisó «que hay una parte relevante de la información que fue puesta a disposición de la Justicia en diversos países y que todavía no fue hecha pública, en razón de la confidencialidad de los procesos».
