El Observatorio Venezolano de Prisiones reportó que Blas Federico Mendoza Gallardo falleció durante el fin de semana en la cárcel de El Marite, en Maracaibo, estado Zulia.
Según la información recibida por la ONG, su muerte estuvo asociada a un cuadro de anemia moderada. Su fallecimiento ocurre en medio de una crisis sanitaria crítica en las cárceles venezolanas, donde las deficiencias en la atención médica y la escasez de medicamentos ponen en riesgo la vida de la población penitenciaria. A esto se suma la carga que enfrentan los familiares, obligados en numerosos casos a costear tratamientos, exámenes e insumos que deberían ser suministrados por las autoridades.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), advierte que la privación de libertad en Venezuela se está convirtiendo en una pena de muerte que no contempla la Constitución, mientras las instituciones encargadas de proteger los derechos de los reclusos permanecen sin ofrecer respuestas efectivas. Esta situación contradice el artículo 43 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del derecho a la vida, prohíbe la pena de muerte y obliga al Estado a proteger a las personas privadas de libertad. Asimismo, el artículo 272 exige un sistema penitenciario que garantice el respeto de los derechos humanos.
A estas disposiciones se suman las Reglas Nelson Mandela. La Regla 24 establece que la atención médica de los reclusos es responsabilidad del Estado, mientras que la Regla 71 exige notificar las muertes bajo custodia a una autoridad independiente para que sean investigadas de manera pronta, imparcial y efectiva. Pese a este marco legal, las denuncias sobre personas enfermas sin atención oportuna y familias que deben asumir los gastos médicos continúan. La crisis de salud en las cárceles venezolanas exige acciones inmediatas de los poderes públicos para evitar más muertes. Ante el fallecimiento de Mendoza Gallardo, desde el
OVP exige al Ministerio Público investigar las circunstancias de esta muerte, determinar qué atención médica recibió y establecer las responsabilidades correspondientes ante posibles omisiones. De igual manera, instamos a la Defensoría del Pueblo a ejercer sus competencias constitucionales e interponer las acciones necesarias para proteger la vida y la salud de la población penitenciaria.
El silencio y la inacción institucional frente a estas denuncias favorecen la impunidad. Por su parte, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, encabezado por Julio García Zerpa, debe garantizar medicamentos, atención médica y traslados hospitalarios oportunos. Después de más de dos años de gestión, las deficiencias sanitarias denunciadas requieren medidas concretas y resultados verificables.





