El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) solicitó la derogación total de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, durante su participación, este miércoles 11 de noviembre, en la consulta pública convocada por la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo.
El SNTP asistió junto a otras organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Alianza por la Libertad de Expresión en Venezuela. Durante el encuentro, presentó sus observaciones al proyecto de reforma parcial y advirtió que, aunque la propuesta elimina las penas privativas de libertad, conserva un sistema de control administrativo sobre las expresiones y los medios de comunicación, con categorías sancionables amplias y facultades importantes atribuidas al Poder Ejecutivo.
La organización recordó las consecuencias que ha tenido la aplicación de esta legislación sobre el ejercicio del periodismo. A enero de 2026, el SNTP registraba 40 casos de periodistas presos o judicializados, de los cuales 28, equivalentes al 70 %, estaban relacionados con imputaciones por delitos previstos en la Ley contra el Odio.
El sindicato señaló que el impacto de esta legislación trasciende las detenciones y los procesos judiciales. El temor a una investigación o a posibles sanciones puede condicionar las decisiones editoriales, desalentar investigaciones periodísticas y provocar que las fuentes informativas guarden silencio.
Conceptos ambiguos y sanciones económicas
Entre las principales observaciones presentadas, el SNTP cuestionó las definiciones incluidas en el artículo 4 del proyecto, especialmente las relacionadas con el hostigamiento, los mensajes discriminatorios y los mensajes de violencia.
La organización advirtió que expresiones como “temor”, “angustia” y “zozobra”, así como las referencias a alteraciones del funcionamiento de las instituciones, permiten interpretaciones que podrían utilizarse para sancionar investigaciones periodísticas, denuncias de corrupción o cuestionamientos a las autoridades.
Aunque el proyecto incorpora una excepción para determinadas opiniones políticas y expresiones periodísticas, esta protección no se extiende expresamente a todas las conductas que pueden ser sancionadas administrativamente.
El artículo 21 contempla multas calculadas a partir de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia, además de trabajos comunitarios y programas educativos de entre 200 y 600 horas.
Para el SNTP, estas sanciones pueden comprometer el patrimonio de periodistas independientes y la continuidad de medios de comunicación, por lo que la eliminación de las penas de prisión resulta insuficiente para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
Facultades del Ejecutivo y autonomía de los medios
Otro de los cuestionamientos centrales se refiere al artículo 24, que atribuye al ministerio competente en justicia la sustanciación y decisión de los procedimientos administrativos sancionadores.
El sindicato advirtió sobre los riesgos de que un órgano del Ejecutivo investigue y decida sanciones relacionadas con expresiones públicas, incluso cuando estas cuestionen actuaciones del propio Gobierno. La posibilidad de acudir posteriormente a los tribunales no elimina por sí sola los riesgos de arbitrariedad.
También manifestó preocupación por las obligaciones impuestas a los medios de comunicación y las plataformas digitales.
El artículo 13 permite ordenar la difusión de contenidos durante treinta minutos semanales; el artículo 15 exige la retirada inmediata de determinados mensajes en plataformas digitales, y el artículo 23 contempla procedimientos administrativos contra prestadores de servicios de comunicación.
Estas disposiciones pueden afectar la autonomía editorial y favorecer la eliminación preventiva de contenidos legítimos ante el riesgo de sanciones.
Venezuela ya dispone de normas contra la discriminación y la incitación al odio
Durante su intervención, el SNTP también cuestionó la necesidad de mantener una legislación adicional para sancionar expresiones, considerando que el ordenamiento jurídico venezolano ya contiene disposiciones dirigidas a prevenir y castigar determinadas conductas de incitación al odio, discriminación y violencia.
Entre ellas mencionó el artículo 285 del Código Penal, que contempla la instigación al odio cuando pone en peligro la tranquilidad pública, así como leyes especiales contra la discriminación racial y la violencia de género.
La organización recordó que los estándares internacionales, incluido el Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas, exigen criterios rigurosos para determinar cuándo una expresión constituye una incitación susceptible de restricción.
Asimismo, sostuvo que la prevención de la discriminación y la violencia requiere políticas educativas, protección de las víctimas y medidas frente a los discursos que alimentan la polarización, con especial responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.
Derogación, revisión de causas y reparación
El SNTP señaló que el proyecto tampoco contempla mecanismos específicos para atender las consecuencias de nueve años de aplicación de la Ley contra el Odio.
La propuesta no establece procedimientos especiales para revisar causas y condenas relacionadas con expresiones protegidas, levantar restricciones, eliminar antecedentes o reparar los daños sufridos por las personas afectadas.
Por estas razones, el sindicato reiteró ante la Asamblea Nacional su solicitud de derogación total de la legislación, la revisión de sus consecuencias judiciales y la adopción de medidas efectivas de reparación.
Para el SNTP, la convivencia democrática no puede construirse restringiendo la libertad de expresión. La derogación de la Ley contra el Odio debe abrir paso a políticas de prevención de la discriminación y la violencia que respeten plenamente los derechos fundamentales, sin mantener mecanismos que puedan utilizarse para perseguir el ejercicio del periodismo y la crítica pública.
