No tiene duda de lo que debe hacerse con la Ley del Odio: «Derogarla». Carlos Correa, director Ejecutivo de Espacio Público señala que existen instrumentos legales en el país sancionar los delitos que se preven en este instrumento legal.
Al salir de la conversación que sostuvieron las Organizaciones No Gubernamentales con la comisión parlamentaria que revisa esta Ley y proponen transformarla en un norma que promueva la convivencia, el ex preso político y periodista sostiene la necesidad de su derogación.
«Evidentemente hay cantidad de problemas que tienen que ver con la violencia política, pero esos temas ya están contemplados en el Código Penal. Por eso nosotros creemos que hay que derogar la Ley Contra el Odio», sentencia sin titubear el activista por los derechos humanos.
Señala que el proceso que propone una un instrumento legal para la convivencia «puede efectivamente derogar esa Ley, y por eso nosotros consideramos que hay distintos instrumentos que protegen todo el tema del racismo, la violencia contra la mujer. Tenemos un conjunto de instrumentos en el país que efectivamente permiten evitar cualquier tipo de forma de violencia. Otra cosa es que esta ley tiene una dimensión que está vinculada a la necesidad de la promoción de la cultura de paz».
«Uno de los elementos que nosotros señalamos es: ¿cuál es la diferencia entre las propuestas que se está haciendo en esta Ley y el Programa de Paz y Convivencia? ¿Son elementos que se solapan? Nosotros creemos que esta Ley tiene que derogarse y de no derogarse tiene que ser ajustarse a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Básicamente hay ya recomendaciones tanto de distintas relatorías del Sistema Interamericano y el de Naciones Unidas que hacen recomendaciones concretas para que efectivamente esta Ley evite el miedo», indicó Carlos Correa.
Destaca que debe garantizarse que «no se limite la crítica a la gestión pública. La ley tiene en la propuesta cuatro, una definición, pero que tiene que ser se transversal al conjunto de la ley. Creemos que el órgano sancionador no puede ser un órgano sancionador vinculado al Ejecutivo. O es un órgano múltiple, o es un juez. Es decir, creo que hay dimensiones ahí fundamentales».
