El expresidente de Paraguay Santiago Peña se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel como parte de la investigación en su contra por el caso del intervenido Ueno bank, entidad con la que ha sido vinculado y en la que distintas organizaciones estatales depositaron millonarios recursos durante su gestión.
«La pena que podría ser aplicada (…), conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible», explicó la fiscal Verónica Valdez, en una conferencia de prensa.
Peña, de 47 años y quien llegó al poder en 2023, fue destituido el pasado viernes por el Senado tras ser hallado culpable de «mal desempeño de funciones» a raíz del escándalo de Ueno bank, por el que también están siendo investigadas otras 27 personas de Ueno y sus empresas relacionadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad.
Contra los exdirectivos, indicó el fiscal Francisco Cabrera, se habla de «una expectativa de pena de hasta 12 años».
«Eventualmente, si hay una modificación de una calificación (en los presuntos delitos de los que han sido acusados), también va a haber una modificación del marco penal, pero esa es la expectativa de pena mayor (a la) que están expuestos», agregó el funcionario.
El Ministerio Público imputó el pasado sábado a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, después de que compareciera a declarar en una diligencia, horas después de haber sido detenido tras la conclusión del juicio político.
La imputación fiscal indica que el expresidente «habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales» en ese banco.
Además, «habría mantenido una relación económica y corporativa previa» con Ueno Holding, un grupo empresarial que incluye a la intervenida entidad financiera.
En concreto, detalla la acusación fiscal, tenía acciones en Uneo Holding, que representaban el 1,58 % del capital de esa compañía, un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en la firma Itti, todas estas compañías del Grupo Vázquez, propietario del conglomerado de empresas.
En marzo de 2025, estando ya en el poder, vendió la participación en el conglomerado, según relató la acusación de los diputados que promovieron el juicio político en su contra.
El mismo sábado, el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú argumentó, tras una audiencia de imposición de medidas, que Peña «debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento», y determinó que permanezca en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar en Asunción, la capital del país.
