La Asamblea Nacional y el sistema de Justicia comenzarán a trabajar para acelerar los trámites de liberación o de juicio en libertad a presos que padecen un retraso en sus procesos judiciales y que, en su mayoría, son de sectores vulnerables.
La revisión de estos casos se enmarca en el proceso de «transformación» del sistema judicial que ha ordenado la presidenta Delcy Rodríguez, y que también se aborda en la mesa de diálogo político entre el chavismo y la oposición.
El Parlamento y el sistema de justicia han revisado y avalado la liberación de cientos de presos políticos desde que el depuesto presidente Nicolás Maduro fuera capturado el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, pero en esta oportunidad los casos a revisar en su mayoría son de «pobres», según explicó el diputado chavista Jorge Arreaza.
En ese sentido, los órganos en mención instalarán el jueves una comisión para revisar las causas de los presos con retardo procesal, informó este miércoles el primer vicepresidente del Legislativo, el oficialista Pedro Infante.
«Se activa entonces a partir de mañana a las 10:00 de la mañana. Estaremos nosotros, en Caracas, los diputados y diputadas revisando los distintos casos para lograr las liberaciones correspondientes ajustadas a pleno derecho (…) avanzando en hacer más justa la justicia», dijo Infante a periodistas desde la sede del Parlamento.
El congresista indicó que lo que buscan es «agilizar todo el proceso» y garantizar el debido proceso.
«Recordemos que la presidenta llamó a combatir la criminalización de la pobreza», dijo Arreaza, quien ha sido uno de los principales voceros de la comisión de la ley de amnistía -que incluye también la liberación de presos por motivos políticos- aprobada en febrero y que benefició a más de 9.000 personas, cuya mayoría ya se encontraba en libertad restringida.
Arreaza también detalló que buscan privilegiar «el juicio en libertad», otorgar medidas y beneficios, calcular las redenciones en los tiempos, evaluar los casos de personas con problemas de salud y «disminuir y ojalá hacer desaparecer» los centros de detención preventiva, «donde se generan aglomeraciones de privados de libertad».
«Aquel que haya cometido delitos graves, el que haya estado en casos de narcotráfico, de asesinato, violaciones, por supuesto no tiene ningún tipo de medida o de beneficio posible, pero sí hay muchos que están esperando por la justicia, que las audiencias se retrasan y nosotros podemos hacer, en este caso, con mucha más eficacia, un proceso donde nos entendamos y podamos otorgar ese beneficio», añadió.
El fin de semana pasado, la jefa del sector opositor que mantiene un diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, anticipó un proceso de nuevas liberaciones de presos políticos en un contexto próximo a la cuarta ronda de negociaciones que inicia el viernes.
Sin embargo, Arreaza descartó que estas revisiones tengan que ver con lo declarado por Figuera. «No, no tiene nada que ver con eso», afirmó.
Según los datos del Gobierno, más de mil personas han sido liberadas en Venezuela este año. ONG como Justicia, Encuentro y Perdón han asegurado que entre las liberaciones hay personas que no tenían registradas como presos políticos. EFE
