Tras la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico en el Parlamento, el diputado ante la Asamblea Nacional, Omar Veracierto, catalogó el hecho como una etapa fundamental dentro de la agenda legislativa orientada a la recuperación integral de los servicios públicos y el reimpulso del aparato productivo nacional.
El parlamentario enfatizó que el nuevo marco regulatorio rompe con los esquemas de soluciones temporales para enfocar el problema eléctrico desde la rigurosidad técnica y la atracción de capitales.
«Con la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico dimos un paso clave. Gracias al respaldo de la academia, en especial al Colegio de Ingenieros de Venezuela, y a quienes nos han apoyado en esta lucha, logramos que nuestra propuesta fuera tomada en cuenta para la construcción de un marco legal más robusto que exige rigor técnico y abre puertas a la inversión», afirmó Omar Veracierto.
Asimismo, el legislador resaltó de forma especial la incorporación de un órgano de control técnico y fiscalización dentro del nuevo marco legal: «Valoramos y consideramos de suma importancia la creación de la Superintendencia Nacional de Energía Eléctrica, una propuesta hecha e impulsada por nosotros para garantizar la transparencia, el correcto funcionamiento y la supervisión del sistema», agregó.
El legislador sostuvo que garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es la condición prioritaria para reactivar el comercio, la industria y la generación de puestos de trabajo en todo el país.
«No vinimos a convalidar parches, sino a construir leyes que atraigan inversión y rescaten los servicios públicos. Seguiremos defendiendo una legislación moderna y robusta por el futuro de Venezuela», aseveró el parlamentario, destacando que «sin un servicio estable no hay producción ni empleo posible».
Finalmente, Veracierto ratificó su compromiso de dar continuidad al trabajo legislativo de fiscalización y desarrollo normativo, impulsando soluciones definitivas que beneficien a los hogares venezolanos y brinden certeza jurídica a los sectores productivos.
