La Policía polaca desplegó un fuerte operativo este viernes alrededor del edificio del Tribunal Constitucional de Varsovia, tras los incidentes desencadenados en una concentración contra los conflictos de autoridad en ese organismo que han llevado al presidente, Karol Nawroki, a interrumpir su viaje a Africa y regresar al país.
El detonante de esta jornada se produjo cuando la jueza de mayor antigüedad del Tribunal Constitucional, Anna Korwin-Piotrowska, nombrada durante la presente legislatura bajo el mandato del primer ministro Donald Tusk, asumió la dirección provisional de la cúpula y apartó por un mes a Święczkowski y a su vicepresidente, quienes fueron nombrados en 2024 y 2025 respectivamente, por el anterior Gobierno.
Según informó la policía de Varsovia, tres personas fueron detenidas por saltar la valla e irrumpir en el recinto, mientras los agentes contenían a los manifestantes.
La tensión se produce tras la supuesta suspensión del presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y su vicepresidente, aunque el propio Constitucional sostiene que siguen en el cargo.
La Comandancia de la Policía de la capital precisó que sus agentes no han ingresado en la sede del edificio ni actúan contra la guardia interna, y han aclarado que el operativo se puso en marcha a petición del Fiscal General y de una jueza de la corte ante el riesgo inminente de agresiones contra el personal y alteración del orden público.
El presidente Nawrocki, que había emprendido una visita oficial a Senegal, anunció su regreso inmediato al país y escribió en un mensaje en la plataforma X que «en un momento así, el Presidente debe estar en Polonia».
Las dos facciones de magistrados existentes en el Tribunal Constitucional se niegan mutuamente la legitimidad.
Este choque halla su origen en la disputada reforma judicial impulsada por el PiS (Ley y Justicia) entre 2015 y 2023, y en la negativa del tribunal a admitir a los nuevos magistrados elegidos por el Parlamento en marzo de 2026.
Por su parte, el primer ministro Donald Tusk ha respaldado la intervención de la jueza y ha presentado la suspensión de la cúpula judicial como una medida necesaria para restaurar el Estado de derecho en el país.
Tusk aseguró hoy que «no hay otro camino» tras «años de ilegalidad» bajo el anterior gobierno de Ley y Justicia (PiS), y advirtió que, aunque el proceso sea doloroso, exige una «acción decidida».
Para el jefe del Ejecutivo, la parálisis provocada por Święczkowski al bloquear la Asamblea General y la incorporación de magistrados es la verdadera causa del colapso del órgano.
