El dirigente demandó «que se preserve y garantice el cabal cumplimiento del Situado Constitucional para los estados y municipios»
El dirigente político Enrique Márquez solicitó este miércoles al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, que el presupuesto para 2027 se discuta abiertamente y que se garanticen los recursos a las regiones mediante el Situado Constitucional.
«En el actual contexto del país, la Ley de Presupuesto General de la Nación no constituye un mero trámite administrativo ni una simple relación contable de ingresos y gastos; representa el pilar económico e institucional indispensable para viabilizar y sostener la ruta estratégica de tres fases para la transición y normalización de Venezuela (Estabilización, Recuperación Económica y Transición
Democrática e Institucional)», explicó Márquez en una carta pública a Rodríguez.
Es indispensable, sostuvo, «que se publique de manera íntegra, detallada y oportuna el texto y los anexos del Proyecto de Ley de Presupuesto, incluyendo el correspondiente estudio de impacto económico, para el conocimiento y análisis del país, y que se instrumente un amplio e inclusivo proceso de consulta pública que incorpore de manera activa a la sociedad civil, a los gobiernos regionales y municipales, a la academia, a los gremios profesionales y a los sectores productivos nacionales».
El ex preso político solicitó «que la discusión del presupuesto de la nación para el año 2027 sea un proceso abierto, transparente y de cara al país, en estricto apego a los principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)». La
Constitución establece formalmente «que la Asamblea Nacional, durante el proceso de discusión y aprobación de las leyes, consultará a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil para oír su opinión. Un presupuesto nacional no puede ser la excepción a esta exigencia procedimental de la formación de la ley».
Demandó, también, «que se preserve y garantice el cabal cumplimiento del Situado Constitucional para los estados y municipios, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asegurando que los ingresos petroleros y mineros mantengan su naturaleza de ingresos ordinarios y sigan formando parte de la base de cálculo de dicha asignación». Recordó que, según la Constitución, el Situado Constitucional se consagra «como una partida equivalente a un máximo del veinte por ciento (20 %) del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional. Asimismo, garantiza a los municipios una participación no inferior al veinte por ciento (20 %) del Situado correspondiente al respectivo estado, un principio ratificado por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en sus artículos 138 al 141, para asegurar la sostenibilidad del poder local».
