César Ramón Aguilera Villahermosa falleció el 23 de octubre mientras se encontraba privado de libertad en el Internado Judicial de la Región Insular, conocido como la cárcel de Margarita, estado Nueva Esparta. Su muerte vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de atención médica en las cárceles venezolanas y la responsabilidad del régimen de garantizar la salud de quienes permanecen bajo su custodia. De acuerdo con la información recibida por el Observatorio Venezolano de Prisiones.
La ONG informó las causas del fallecimiento fueron shock cardiogénico, miocardiopatía dilatada, arteriosclerosis severa e hipertensión arterial. Estas patologías cardiovasculares graves obligan a esclarecer si Aguilera Villahermosa había sido diagnosticado previamente, qué tratamiento recibía y si contó con atención médica especializada y oportuna. En este punto es importante resaltar que una persona privada de libertad depende del Estado para acceder a medicamentos, evaluaciones médicas y traslados hospitalarios. Es por ello que, cuando alguien muere bajo custodia, no basta con informar la causa del fallecimiento, sino que las autoridades también deben rendir cuentas sobre la atención que recibió.
Es oportuno señalar que el Internado Judicial de la Región Insular fue escenario de uno de los episodios más notorios del pranato en Venezuela. Durante años estuvo bajo el control de Teófilo Rodríguez Cazorla, alias «El Conejo», quien ejercía un amplio poder dentro del establecimiento, donde incluso funcionaban una piscina y una discoteca. Tras su asesinato, ocurrido el 24 de enero de 2016 en Porlamar, los reclusos lo despidieron con ráfagas de disparos desde el interior de la cárcel. Las imágenes de hombres exhibiendo fusiles y otras armas de guerra dejaron al descubierto el control armado que existía en el penal.
La repercusión de estos hechos precipitó la intervención y el desalojo de esta cárcel en febrero de 2016. Más de mil privados de libertad fueron trasladados a otros establecimientos penitenciarios, mientras las autoridades anunciaban trabajos de adecuación y reestructuración. Sin embargo, en nuestro Informe Anual 2024, documentamos que al menos 125 personas permanecían recluidas en este centro penitenciario, pese a que no se había informado públicamente sobre su reacondicionamiento ni reinauguración formal. Asimismo, recibimos denuncias de que algunos reclusos pagaban para permanecer allí, mientras otros detenidos de Nueva Esparta aún permanecen hacinados en calabozos policiales de la isla y otros estados del país.
Diez años después de aquel desalojo, el funcionamiento del penal sigue planteando interrogantes sobre su población penitenciaria, las condiciones de reclusión y los mecanismos de supervisión. A estas dudas se suma ahora la muerte de Aguilera Villahermosa, que exige respuestas sobre la atención sanitaria disponible para quienes permanecen recluidos en sus instalaciones.
Ante este caso, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de César Ramón Aguilera Villahermosa, conocer sus antecedentes médicos, los tratamientos que recibió y las actuaciones de las autoridades penitenciarias frente a sus enfermedades.
Asimismo, Prado exigió que las investigaciones no se limiten a este fallecimiento, sino que abarquen todas las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, especialmente aquellas que atentan contra la vida, como las muertes por falta de atención médica y los hechos de violencia dentro de las cárceles. Insistió en la necesidad de identificar a los responsables, establecer las responsabilidades del Estado y poner fin a la impunidad.
Finalmente, el director del OVP exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario que informe bajo qué condiciones funciona actualmente la cárcel de Margarita, cuántas personas permanecen recluidas y con qué servicios de salud cuenta el establecimiento.
