El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó el toque de queda nocturno que había anunciado días atrás y que regirá del 1 al 10 de noviembre en cinco provincias de la costa, y en el que las fuerzas de seguridad buscan intensificar las operaciones contra el crimen organizado.
El mandatario reformó la noche del jueves el decreto ejecutivo en el que había declarado, el pasado 15 de septiembre, un estado de excepción durante sesenta días, e incluyó la suspensión al derecho a la libertad de tránsito en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y El Oro, que limita con Perú, que son clave en la ruta que usan las organizaciones criminales para intentar sacar la droga hacia el extranjero.
La restricción de movilidad estará vigente entre las 0:00 hora local (05:00 GMT) a 5:00 hora local (10:00 GMT) durante los diez días.
El decreto señala que los hechos de violencia criminal persisten en esas provincias, y pese al «despliegue institucional sostenido», subsisten «limitaciones operacionales para enfrentar determinadas amenazas y ejecutar intervenciones especializadas en condiciones que permitan reducir los riesgos para la población civil».
Este será el cuarto toque de queda nocturno que se aplica en Ecuador en lo que va del año. El último estuvo vigente entre el 17 y 30 de septiembre pasado en cuatro de estas cinco provincias y en el mismo horario.
Según dijo Noboa el pasado miércoles, durante ese último toque de queda nocturno «hubo un 40 % menos de delitos», y se registraron «las semanas de más bajos homicidios en el año».
Ecuador está desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por el presidente ecuatoriano para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que denominó como «terroristas».
Para enfrentar esta «guerra», el mandatario ha declarado sucesivos estados de excepción y también varios toques de queda en las provincias con mayores índices de criminalidad y violencia.
Sin embargo, esas medidas no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que le sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos de la región.
