La fiscalía formalizó la solicitud de penas de entre cuatro y 12 años de prisión contra el grupo de profesionales de la salud procesados por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, ocurrido en noviembre de 2020. Durante la apertura de los alegatos en la sala de audiencias del tribunal de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, la parte acusadora sostuvo que los imputados incurrieron en conductas graves durante la atención del exfutbolista.
En la exposición oral, el fiscal Patricio Ferrari remarcó ante el tribunal la actuación de los sanitarios imputados en el caso. El representante del Ministerio Público Fiscal aseveró que los profesionales de la salud «ejecutaron acciones contrarias al acto de curar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte».
El pedido de mayor gravedad recayó sobre el neurocirujano y médico personal del exdeportista, Leopoldo Luque, para quien la fiscalía solicitó 12 años de prisión e inhabilitación de 10 años para ejercer la medicina bajo la imputación de homicidio simple por dolo eventual. Para la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada, Nancy Edith Forlin, el Ministerio Público requirió 10 años de cárcel, mientras que para la psiquiatra Agustina Cosachov solicitó ocho años de pena; ambas con la misma inhabilitación profesional por un decenio.
Solicitudes de condena para el resto del personal de salud
Respecto a los demás integrantes del equipo técnico, los fiscales demandaron cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz, así como cuatro años para el enfermero Ricardo Almirón y para el jefe de enfermería, Mariano Perroni. Para estos tres procesados se requirió además la inhabilitación para ejercer sus actividades por el doble del tiempo del cumplimiento de la condena, en el marco de la investigación por el deceso acontecido mientras el paciente cumplía una internación domiciliaria.
En el mismo alegato, la fiscalía requirió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. Al argumentar esta postura, el fiscal Patricio Ferrari manifestó que el profesional «no ha tenido potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente», desvinculándolo de la responsabilidad penal. El tribunal integrado por tres magistrados evalúa las exposiciones de las partes antes de emitir un veredicto definitivo.
