El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), exigió la derogación de la ley contra el odio y no que se reforme -como solicitó el Gobierno al Parlamento-, al considerar que este instrumento ha sido utilizado para «criminalizar la disidencia política».
«Nuestra posición es que esta ley debe ser derogada o anulada, no reformada», afirmó el activista del PCV Pedro Eusse, citado en una nota de prensa difundida este martes.
Para Eusse, la legislación contiene disposiciones contrarias a la Constitución y al debido proceso, dado que «no precisa objetivamente los delitos de odio que dice establecer» y deja «una gran carga de subjetividad a los jueces y a los fiscales para abrir juicios en aplicación de la misma».
Además, criticó que la ley establezca penas de hasta 20 años de prisión y afirmó que su aplicación ha «servido para perseguir a dirigentes políticos, periodistas, líderes sindicales y populares».
Por tanto, el PCV planteó que el TSJ «debería declarar la nulidad de la legislación y dejar sin efecto los procesos judiciales y sentencias dictados con base en ella».
El lunes, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, instaló una comisión para reformar la ley contra el odio, criticada como un instrumento de persecución contra opositores y cuya derogación también piden varias ONG de derechos humanos.
Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación de esta norma, en 2017, según datos difundidos el pasado miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.
La ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año. EFE
