Provea reconoce disminución de la represión, pero pide derogación de la ley contra el odio

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Óscar Murillo, coordinador general de Provea, abogó por la derogación de la Ley contra el Odio y advirtió que mantenerla vigente, independientemente de las reformas que se planteen, representaría una «mala señal» para las víctimas de la persecución política en Venezuela.

Durante una entrevista concedida al circuito Éxitos de Unión Radio, Murillo cuestionó el contenido de la legislación y señaló que su aplicación profundizó la penalización y permitió que funcionarios determinaran discrecionalmente qué conductas podían ser consideradas como actos destinados a generar «zozobra o conmoción».

El defensor de derechos humanos sostuvo que este tipo de leyes deben ser elaboradas bajo un amplio consenso social y en un marco de pluralidad, especialmente cuando pueden afectar derechos y libertades fundamentales.

«Tenemos que recuperar las garantías para que los venezolanos puedan conversar y discutir sobre ese país anhelado sin que eso signifique una amenaza y hostigamiento», afirmó.

Al evaluar la situación de los derechos humanos en Venezuela, Murillo señaló que, pese a una disminución de los casos de represión, el país todavía mantiene importantes deudas en materia de garantías y libertades.

«La disminución de los casos de represión contrasta con aquellas garantías y libertades que no han sido blindadas», sostuvo.

En este sentido, consideró necesario avanzar hacia un desmontaje definitivo de los mecanismos que permitieron la persecución política, no solo mediante cambios en el marco jurídico.

«Necesitamos, y el país lo aceptaría, el desmontaje definitivo de todo lo que permitió la persecución, no solo desde el punto de vista jurídico», agregó.

Murillo afirmó que, aunque se ha abierto un debate político en torno a una posible reforma de la Ley contra el Odio, el aparato que permitió su aplicación continúa intacto.

Por ello, Provea considera necesario mantener la presión para lograr la derogación de la legislación.

«Desde el punto de vista de los estándares de DD. HH. tenemos que seguir presionando para que esto sea derogado», concluyó.

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