La defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, insistió este miércoles en su petición de libertad bajo fianza y aseguró que sus problemas de salud han empeorado en prisión.
De acuerdo con las actas judiciales, los abogados de Flores alegan que, desde que fue detenida, ha registrado «una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular», ha sufrido un episodio de 30 minutos de «intensa opresión torácica», tras el que no se le realizaron análisis clínicos y, además, ha perdido mucho peso y dos molares.
También destacan que, previo a su detención, su afección cardíaca era «estable» y se controlaba con una única inyección mensual, y vinculan sus nuevos problemas de salud a la operación militar estadounidense del pasado 3 enero en la que ella y el depuesto presidente de Venezuela fueron capturados.
Maduro y Flores fueron detenidos durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York. Aquel día, indican, la ex primera dama llegó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) con heridas en la frente y otras lesiones y que pasó sus primeros tres meses en prisión en régimen de aislamiento.
Según los defensores de Flores, el equipo médico del MDC ha planteado practicarle un cateterismo y ella ha solicitado más información sobre este procedimiento, aunque, afirman, que «(La prisión) dista mucho de ser un lugar ideal para recuperarse de una intervención cardíaca».
La defensa responde así a la oposición de la Fiscalía a que el tribunal conceda a Flores la libertad condicional. El Gobierno argumenta que existe un riesgo de fuga «extremo» y que representa un «peligro para el público».
Sus abogados rechazan la posibilidad de huida al tratarse de una mujer de 69 años, «con una afección cardíaca no tratada que se enfrenta a un procedimiento invasivo y, probablemente, a una intervención posterior».
Además, refutan que Flores podría «comprar su libertad», recordando que «no dispone de fondos para sufragar su defensa», algo que «ha expresado bajo pena de perjurio en una declaración jurada».
El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.
Ambos han pedido desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana.
De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de cuarenta años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
