El politólogo y dos veces preso político, Nicmer Evans criticó la propuesta presentada por el Gobierno encargado para despenalizar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Evans afirmó que la iniciativa parlamentaria mantiene intactos los mecanismos de coerción estatal contra la ciudadanía.
También explicó que despenalizar no equivale a derogar el instrumento legal promulgado en 2017. Según su análisis, el texto mantendrá vigentes las medidas administrativas, extorsiones y persecuciones que permitirán ir contra los sectores opositores.
El dirigente recordó su propia experiencia penal bajo esta normativa jurídica en dos ocasiones distintas. El ciudadano sufrió arrestos tras recibir imputaciones por la presunta comisión de delitos de instigación y promoción al odio.
Exigencia de derogación total del texto legal
Tanto Evans como diferentes sectores de la sociedad civil, ONGs, defensores de derechos humanos exigen la anulación absoluta de la norma jurídica para garantizar la libertad de expresión. Además, Evans sostuvo que la propuesta oficialista preserva la estructura de persecución política en el país.
Este pronunciamiento ocurre después de que la Gobierno venezolano solicitará a través de un comunicado la reforma a la Ley contra el Odio para despenalizar delitos de opinión mediante una carta formal remitida a la Asamblea Nacional.
