Tras ocho meses de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos, Amnistía Internacional considera que hay «señales de alivios» en Venezuela en los últimos meses, como las excarcelaciones o el levantamiento de restricciones a algunos medios de comunicación, pero no cree que se pueda hablar de un «cambio estructural».
Así lo aseguró este martes a EFE la representante de Amnistía Internacional Venezuela, Clara del Campo, en una entrevista en Madrid, desde donde incide en lo mostrado en el informe de la misión de observación de la ONU la semana pasada: «las estructuras, las prácticas y los integrantes de la política de represión del Gobierno venezolano se mantienen prácticamente intactas».
«Los hechos estructurales no nos permiten hablar de un cambio significativo», denunció asegurando que hay «cambios pequeños que puedan representar señales de alivios» como las excarcelación de cientos de personas desde el 8 de enero «a cuentagotas» y «la gran mayoría sometidos todavía a proceso penal».
«En la medida en la que todos estos cambios estén condicionados a la voluntad y discrecionalidad de las autoridades y no al cumplimiento de obligaciones internacionales no podemos ser tan optimistas», señaló la representante de AI.
Del Campo, que estuvo participando la semana pasada en el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde se presentó el informe, coincidió en que no hay un verdadero cambio estructural en el país desde el ataque militar de EEUU del pasado 3 de enero que llevó a la captura de Nicolás Maduro.
Desde AI siguen preocupados por las «en torno a 400 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos», de las cuales algunas no reciben atención médica urgente, y también la situación en la que quedan los excarcelados tras el anuncio del gobierno de Delcy Rodríguez, pues sus procesos penales no fueron anulados y continúan.
«Y también nos preocupa que las leyes, el marco legal, la arquitectura y aparato represivo se mantienen absolutamente intactos», alegó Del Campo, refiriéndose a cuerpos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o la Guardia Nacional Bolivariana, que no han sido reformados, o al hecho, como señala el informe de la misión, de que «por lo menos» 19 perpetradores de crímenes de lesa humanidad siguen en el poder.
El informe de la misión fue presentado la semana pasada en Ginebra y denuncia la continuación de detenciones arbitrarias, de torturas a presos y otra serie de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
En dicho informe, la Misión ONU señaló que al menos 12 cargos políticos en el Gobierno interino venezolano están vinculados a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno venezolano, por su parte, defendió el viernes mejoras en la situación de derechos humanos desde principios de año, como la ley de la amnistía o la liberación de hasta 8.743 detenidos, y pidió que la Misión internacional independiente de investigación de la ONU para su país que no extienda su mandato. EFE
